En el debate de oposición al proyecto de Presupuesto Distrital 2026, el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, advirtió que, en estricto sentido democrático, la discusión de un nuevo presupuesto debe comenzar con un ejercicio formal de rendición de cuentas por parte de la administración distrital al Concejo de Bogotá. Señaló que no es aceptable que distintos sectores del Distrito soliciten más recursos mientras aún le deben a la ciudad explicaciones claras sobre la ejecución de los presupuestos vigentes, recordando que los recursos públicos son recursos sagrados.
El cabildante alertó que 32 metas del Plan de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán siguen en cero, completamente estancadas después de dos años de gobierno. A pesar de ello, el proyecto de presupuesto para 2026 se construye en clave de movilidad, sector que concentra una de las mayores asignaciones del Distrito, por encima de educación y salud. Cuesta Novoa afirmó que “no tiene sentido” iniciar esta discusión cuando la Secretaría de Movilidad —cabeza del sector— ni siquiera ha rendido cuentas, más aún cuando allí “ronda el fantasma del triángulo de las Bermudas”. Explicó que entre enero y junio de este año se impusieron 19.600 comparendos que recaudaron $48.721 millones, pero la Secretaría solo entregó a la Tesorería Distrital $38.846.788.000, preguntando con insistencia: “¿Dónde están los $9.874.512.000 que recaudó la Secretaría de Movilidad? ¿Dónde están?”
El concejal afirmó que este hecho demuestra que cualquier discusión presupuestal debe arrancar obligatoriamente con cuentas claras. Agregó que el presupuesto de Galán ya anticipa el aumento del pasaje a $3.450 a partir del 1 de enero, un “regalo de Navidad y Año Nuevo” que les impone un nuevo golpe al bolsillo de los bogotanos.
Cuesta Novoa afirmó estar convencido de que la tarifa de Transmilenio del 2025 se pudo mantener congelada para el 2026. Explicó que en la propuesta del Fondo de Estabilización Tarifaria se aumentan $210.000 millones, llevando el aporte de los bogotanos en 2026 a $3,3 billones para sostener el modelo de operación privada con recursos públicos. Indicó que en 2025 el FET honró $2.09 billones, y en 2026 recibirá $3 billones, por lo que el subsidio era suficiente y no justificaba ningún aumento: “Se podía, técnica y financieramente, garantizar el congelamiento de la tarifa del año 25”. Agregó que el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro entregará 1,5 billones de pesos al Distrito para renovar la flota eléctrica, hecho que refuerza aún más la conclusión de que el incremento tarifario era innecesario.
El concejal denunció además la transformación de Transmilenio en un operador público inmobiliario. Señaló que inversiones públicas como el POT, las actuaciones estratégicas, la Primera Línea del Metro y las troncales de Transmilenio han consolidado espacios urbanos de alto valor que deberían fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, advirtió que la administración pretende entregar esos espacios a operadores y constructores privados, anunciando incluso la experiencia de renovación urbana de Metrópolis, “sin ningún tipo de vergüenza”. Cuesta Novoa calificó como muy grave que el Distrito pierda la oportunidad de usar el plusvalor generado por estas obras —plusvalor creado con recursos públicos— para aliviar el déficit del FET y para favorecer a los sectores más pobres, mientras ese beneficio se traslada a privados como Amarilo, Constructora Bolívar, entre otros.
En su cierre, Cuesta Novoa cuestionó los llamados “bonos verdes”, calificándolos de “verdes de fachada”. Preguntó a la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, si la construcción de la Avenida Calle 13 puede considerarse realmente financiable con bonos verdes, señalando que estos ocultan los negocios privados asociados a la obra. Finalmente, dirigió una última pregunta al secretario de Integración Social, Roberto Angulo: “Los habitantes de calle están esperando que los bancaricen. ¿Qué respuesta tiene la Secretaría?”
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