El Cabildante asegura que de llevarse a cabo la Audiencia Pública citada para el lunes 15 y 16 de mayo 2017, el CNE estaría usurpando competencias del Congreso de la República y la Corte Constitucional, y obstaculizando un derecho fundamental de los ciudadanos.
Bogotá D.C. 12 mayo de 2017
El Concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, instauró una Acción de Tutela pidiendo que se proteja el derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer el control político sobre los poderes públicos. Este es el caso de los más de 700 mil ciudadanos que firmaron la revocatoria del mandato del alcalde, Enrique Peñalosa a quienes hoy se les amenaza el derecho fundamental consagrado en la constitución. La acción judicial busca proteger estos derechos de la participación, que hacen parte de los principios fundamentales y fundacionales del Estado que el CNE pone en riesgo por las actuaciones irregulares que viene adelantando ante la posible usurpación de competencias del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, en su intención de modificar esta ley estatutaria. Para el Concejal “la audiencia pública que se inventó el CNE para escuchar a los comités prorevocatoria y alcaldes es un entuerto que no sirve para nada, sólo sirve para confundir. Esta conducta de los magistrados que promueven tumbar la revocatoria debe ser investigada, disciplinaria y penalmente.”
Incluso en ocasiones anteriores el organismo electoral ya se había pronunciado declarando no tener esta competencia. El Consejo Nacional Electoral, en resolución 091 de 2009, sobre la revocatoria del Alcalde de Vigía del Fuerte estableció “el Consejo Nacional Electoral no ostenta la atribución de revocar los actos administrativos proferidos por los registradores Municipales o de los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil…”
El concejal Progresista, Hollman Morris hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie y manifieste la inconstitucionalidad de las acciones irregulares que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral, que ni la Constitución, ni la ley le ha conferido.
