El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, denuncia que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) firma un millonario contrato de asesoría técnica con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo que hace parte del Banco Mundial. Se trata del Convenio IDU-1565-2025 por un valor de tres millones trescientos mil dólares (US$3.300.000), de los cuales el IDU aporta un millón seiscientos cuarenta y seis mil setecientos dólares (US$1.646.700).
El objeto del contrato es que la IFC brinde asistencia técnica en la estructuración integral de una Asociación Público-Privada (APP) para la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Centro, en el tramo comprendido entre la calle 13 (Avenida Centenario) y la calle 80 en Bogotá, incluyendo su diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento.
Cuesta Novoa advierte que este contrato, además de su alto costo, implica una grave cesión de responsabilidades estratégicas del IDU a un organismo internacional con claros intereses financieros. “Se le está entregando la estructuración de un proyecto clave de ciudad a una entidad cuya naturaleza responde a la lógica de la inversión y la rentabilidad, no al interés público urbano”, señala.
El cabildante cuestiona además la idoneidad técnica del equipo base designado por la IFC. Según el Anexo 3 del contrato, la mayoría de sus integrantes tiene formación exclusiva en inversiones financieras y carece de experiencia en planeación urbana o urbanismo. Entre ellos se encuentran Daniel Castaño (Oficial Senior de Inversiones), Rafael Umaña (Oficial de Inversiones), Santiago Restrepo Malaver (Analista de Inversiones) y Santiago Restrepo (Analista de Inversiones).
Para el concejal, este contrato no solo representa un “negocio redondo” por los recursos destinados a consultorías que podrían ser realizadas por equipos técnicos del propio IDU, sino que además le otorga a la IFC un papel determinante en la definición del futuro contratista de la ALO Centro, una obra de infraestructura de carácter multimillonario.
Asimismo, Cuesta Novoa alerta sobre la posibilidad de que el proyecto incluya la implementación de peajes urbanos. De acuerdo con el Anexo 2 del contrato, se contempla la identificación de fuentes de financiación como peajes interurbanos, captura de valor y cargos por congestión, así como la estimación de posibles ubicaciones para peajes de flujo libre.
Finalmente, el concejal advierte que el alcance del contrato le otorga a la IFC amplias facultades en todo el proceso: desde la elaboración del modelo económico-financiero, los pliegos de condiciones, los términos de referencia y el contrato de concesión, hasta la definición de requisitos para los proponentes, la promoción internacional del proyecto, la realización de ruedas de negocio y el acompañamiento directo en la selección del adjudicatario y del interventor.
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