En debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, el concejal Marco Acosta advirtió que el incremento del salario mínimo del 23,7%, denominado por el Gobierno Nacional como “salario vital”, está generando un impacto fiscal significativo en la ejecución de obras públicas en la capital, poniendo en riesgo proyectos estratégicos para la movilidad y el espacio público.
Durante la sesión se evidenció que múltiples contratos de infraestructura fueron estructurados con proyecciones laborales anteriores al incremento decretado, lo que hoy está generando desfinanciación, presión presupuestal y posibles retrasos. El aumento no solo impacta el salario base, sino también prestaciones sociales, seguridad social y costos indirectos asociados a la mano de obra, alterando de manera sustancial los presupuestos iniciales.
En ese contexto, el concejal Marco Acosta reveló durante el debate las obras específicas que hoy se encuentran en riesgo como consecuencia del impacto presupuestal generado por el incremento. Se trata de proyectos estratégicos para la movilidad y el espacio público que podrían enfrentar retrasos, suspensiones o ajustes en su alcance si no se adoptan medidas urgentes para garantizar su financiación.
Entre las obras que presentan afectaciones y se encuentran en riesgo están la Av. Jorge Uribe Botero Fase I; la carrera 15 entre calles 134 y 151; la Av. Santa Bárbara – Contador; la Av. Contador (calle 134) entre Autopista Norte y carrera 15; la Av. Santa Bárbara (Av. 19) entre calles 127 y 134; la Av. Jorge Gaitán Cortés; la carrera 33 con Av. General Santander (calle 36 sur) desde calle 51 sur hasta Av. Boyacá; los andenes de la calle 170 entre Av. Boyacá y carrera 55; los andenes de la carrera 90 entre calles 147 y 170; el puente vehicular El Verjón en Chapinero; la ciclorruta del Canal Córdoba (calles 127 y 129) y el Centro Fundacional de Usaquén, en el polígono comprendido entre calles 116 y 121 y carreras sexta y séptima.
La eventual paralización o retraso de estos proyectos no solo impacta la movilidad y la infraestructura de la ciudad, sino también el empleo. Según lo expuesto en el debate, estas obras representan alrededor de 2.000 empleos mensuales directos e indirectos, entre trabajadores de obra, personal técnico, operarios, proveedores y contratistas. Su afectación implicaría una reducción significativa en oportunidades laborales para cientos de familias que dependen del dinamismo del sector construcción en Bogotá.
“Un salario digno es necesario, pero cuando no se calcula su impacto en contratos ya adjudicados, el resultado es que Bogotá termina pagando la improvisación con obras paralizadas, prorrogadas o más costosas. Lo que el Gobierno llama salario vital hoy está dejando a la ciudad sin infraestructura vital”, afirmó el concejal Marco Acosta.
El cabildante hizo un llamado a la Administración Distrital para que presente con claridad el impacto financiero real que está generando este incremento en los contratos vigentes y exponga el plan de contingencia que garantice la continuidad de los proyectos. Advirtió que, sin una estrategia presupuestal clara, la ciudad podría enfrentar suspensiones, adiciones millonarias y reducción en el alcance de obras clave para miles de ciudadanos.
“El desarrollo de Bogotá no puede quedar atrapado entre decisiones nacionales sin articulación territorial y una planeación distrital insuficiente. La ciudad necesita equilibrio entre justicia social y sostenibilidad fiscal”, concluyó.
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