Mientras se siguen imponiendo mecanismos para controlar el uso y aprovechamiento del espacio público para comerciantes y vivanderos en las plazas de mercado de Bogotá, el 34% de los habitantes del Distrito están en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria.
En el debate de control político 121 de 2022 sobre los Contratos de Uso y aprovechamiento económico de los espacios públicos; Plazas de Mercado y Régimen de Formalización, la concejala Ati Quigua, vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, compartió la preocupación de cientos de comerciantes de las plazas de mercado que por muchos años han construido su cotidianidad en torno a la comercialización de frutas, hortalizas, hierbas, artesanías y otros productos que a diario llegan a la capital, manifestando el malestar que subyace de las resoluciones 267 de 2020 y 037 de 2021, emitidas por el IPES, sobre el uso y aprovechamiento del espacio público en las Plazas de Mercado.
Las plazas de mercado son espacios de intercambio de saberes entre el campo y la ciudad en torno a las semillas, la alimentación, la cocina y la medicina desde los saberes y conocimientos ancestrales y tradicionales. Somos agrodescendientes, todos tenemos raíces indígenas y campesinas, es decir, venimos o nuestros ancestros venían del campo, de allí que las plazas de mercado históricamente contribuyeron al desarrollo del espacio público y al acopio de la comunidad en el contexto urbano. Las plazas, junto con las huertas urbanas, son lo más próximo al campo o a la ruralidad dentro de la ciudad.
La ciudad cuenta con 19 plazas de mercado, una en cada localidad. En total se registran 44 plazas de mercado entre públicas y privadas, entre ellas CORABASTOS, a la que ingresan 8.500 toneladas de alimentos por día. Sin embargo, el problema del sistema de abastecimiento es estructural y tiene que ver con la distribución de los bienes y servicios, ya que los alimentos son transportados y comercializados por los grandes distribuidores o intermediarios, como las centrales de abastecimiento y las cadenas de mercados mayoristas, por lo que no hay una relación directa entre los campesinos productores, a nivel local y regional, con las plazas públicas y privadas de mercado ubicadas en las localidades, por lo que los comerciantes se ven en la obligación de abastecerse en las grandes centrales como CORABASTOS, lo que conlleva además a la especulación de precios y su incremento de los productos para los ciudadanos en las localidades.
Ahora bien, el 34% de los habitantes de Bogotá se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil subió hasta el 15,5%. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, Santa Fé y Suba, debido a que concentran el mayor porcentaje de familias estrato 1 y 2. Por lo tanto, se debe trascender al concepto de soberanía alimentaria que proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen, de qué manera se distribuye y comercializa y de qué manera quieren producirlo.
En este sentido, las plazas de mercado, los mercados campesinos, las huertas urbanas y otras formas de comercialización de alimentos bien planteados, promoverían alternativas de comercialización conectando con la agricultura familiar y campesina para la promoción de la soberanía y seguridad alimentaria. (Vea: Debate de Control Político Hacia una Reconversión Agroecológica de Bogotá – Región.)
Por otra parte, la creciente institucionalización y control del espacio público, afectan principalmente la participación y gobernanza. Las implicaciones que generan las resoluciones 267 de 2020 y 037 de 2021, modifican las reglas de funcionamiento aumentando de forma excesiva el costo de los arriendos a los comerciantes, emitida en época de cuarentena, violando el derecho a la participación.
Desde el año 2020, los comerciantes han venido manifestando su inconformismo y rechazo frente a las inconsistencias de las Resoluciones, pues no se tuvo en cuenta la participación de los representantes de las plazas de mercado desde que se dio inicio a este proceso de organización. Alegan que la estructuración de esta norma no se dio en un marco deliberativo, que su ejecución amenaza su estabilidad económica y manifiestan, además, las problemáticas que se vienen presentando desde su proceso de implementación.
Lo anterior desencadenó una persecución en cobros de arriendo, el afán de una firma de un contrato el cual no se ve a que se atribuye, y para qué sirve socialmente, careciendo de una pedagogía que permita hacer entender lo que se reglamentó.
Incluso, manifiestan que los procedimientos y procesos que ejerce la entidad, son contrarios a sus derechos constitucionales y legales, al desencadenar acciones jurídicas como querellas o procesos policivos que terminan en presiones y amenazas de cierre del local, lo cual causa zozobra y temor a las personas por perder su única fuente de ingreso para su supervivencia y la de sus familias
La resolución desconoce la economía popular, perjudica la antigüedad y criminaliza el trabajo digno, hay una deuda histórica con el trabajo para las mujeres, esta administración tiene un énfasis sobre el sistema del cuidado para las mujeres, pero no se refleja en este tema, tampoco articulada las instituciones. La resolución no garantiza la seguridad social, algunos comerciantes no firman estos contratos por considerarlos lesivos y nocivos a su derecho al trabajo.
En esta resolución se está perdiendo el carácter de las plazas de mercado como espacios públicos de la ciudad, que puedan garantizar no solo el ingreso económico de población vulnerable sino la garantía de un sistema de abastecimiento de la ciudad, y si debe ser responsabilidad de la administración poner las plazas en función esa garantía y de ese programa distrital de abastecimiento.
En consecuencia existen propuestas de gente organizada que promueven, por un lado, el aprovechamiento del espacio público como las huertas urbanas y otras que promueven alternativas de distribución, de cambio y de consumo como tiendas de barrio y plazas de mercado que son respuesta al comercio dominante que tiene como finalidad la reproducción del capital, garantizando el derecho humano a la alimentación, el derecho al territorio, a la ciudad y al campo. Por ello, la garantía del acceso a los alimentos de buena calidad aporta al modelo de ciudad y vida en el marco del buen vivir.
