Con este plan, el Distrito implementaría fuentes de financiación que afectan el bolsillo de los ciudadanos.
De acuerdo con el concejal Rolando González, el Plan Distrital de Desarrollo es un cobro social disfrazado de contrato social. Así lo evidenciará este sábado 16 de mayo en el debate de la oposición sobre el Plan de Desarrollo de Bogotá. Asegura, que la administración le está pidiendo al Concejo de Bogotá que apruebe un proyecto completamente desfinanciado en el cual cerca de $20 billones provienen de fuentes inciertas.
El PDD contempla nuevas fuentes de financiación que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.
Pero, además, preocupa que la alcaldesa planea llevar a la ciudad al tope del cupo de endeudamiento con hasta $10.9 billones, y al final de este mandato, Bogotá deberá 8 de cada 10 pesos de los ingresos que entren a la capital.
ALGUNOS MICOS DEL PLAN
Artículo 80: Contribución por estacionamiento en vía y fuera de vía Se revive una contribución que encarece lo que los usuarios pagarían por parquear en vía y fuera de vía en un 30%. La mayoría de los parqueaderos son informales y lo más probable es que este dinero nunca llegue a su destino final. Además, con este recaudo se busca solventar el déficit financiero del sistema de transporte público, generando una carga a quienes no son responsables por el déficit del sistema.
Artículo 86: Modificación del objeto de Transmilenio A Transmilenio se le cuelga la función de ejecutar planes parciales, se convertiría entonces en un agente especulador e inmobiliario. En el Distrito, ya existe la ERU, que se encarga de la renovación y desarrollo urbano de la ciudad. No puede haber dos entidades públicas en el Distrito con funciones iguales y mucho menos, destinar recursos para las mismas.
Artículo 88: Autorización para constituir operador público. Una empresa pública hace totalmente ineficiente la estructura de costos. Las instalaciones de los talleres para la reparación, el mantenimiento y el costo del personal pueden ser operativamente más sencillos para los privados. Además, los repuestos de muchos de estos vehículos no son nacionales y con un operador público, un bus varado se puede demorar meses esperando los trámites para un repuesto. Un privado puede comprarlos y tenerlos en inventario. En el Estado, eso sería detrimento patrimonial.
Artículo 103: Gerencia pública de Doña Juana Si la UAESP asume la operación pública del relleno sanitario, afectaría el bolsillo de los ciudadanos en Bogotá. Los costos económicos de no enterrar las basuras, son onerosos, de acuerdo con el Banco Mundial. Si bien es necesaria una nueva tecnología de disposición de residuos, la administración no les ha contado a los ciudadanos que este cambio tiene un costo de inversión de $3.5 billones y un costo de operación de $168.000 por tonelada. Una parte de estos recursos se apalancarían mediante vigencias futuras por 27 años. Además, habría un incremento en la tarifa de aseo y el valor de la tarifa de disposición de residuos, para la ciudadanía, aumentaría entre un 49% y un 67%.
