En medio de un debate de control político, acerca de la concesión del mobiliario urbano en Bogotá, el concejal Rubén Torrado le pidió a la directora del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (Dadep), Diana Alejandra Rodríguez Cortés, exigir el cumplimiento del contrato de mobiliario urbano que se suscribió con Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia (EUCOL), filial en Colombia del gigante francés JCDecaux, esto tras un seguimiento que realizó el cabildante a la concesión, en donde se evidencia que la administración ha cumplido con todas las solicitudes hechas por el contratista, perjudicando a la ciudadanía.
Torrado anunció en 2019 que la licitación tendría muchísimos problemas, incluso denunció que con dicho acuerdo se podrían estar vulnerando derechos de propiedad intelectual por una patente reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero aun así la administración realizó el proceso de contratación con EUCOL, lo que tiene al distrito hoy frentes a una conciliación extrajudicial por más de 700 mil millones de pesos, por parte de la empresa dueña de las patentes de los diseños de los paraderos del SITP.
El Concejal aseguró que ha realizado seguimiento a este contrato, porque además de que disminuyó el porcentaje de retribución por el uso del espacio publicitario en el mobiliario urbano, que era de 15% y hoy es del 7,75% en favor del Distrito, también el contratista patrocinado por el DADEP, ha suscrito 7 prórrogas por diferentes razones, la más llamativa de todas es la modificación del cronograma de instalación, que iniciaba en enero de 2022 e iba hasta agosto del mismo año, sin embargo el paso 10 de agosto se suscribió un nuevo otrosí, el cual modifica por segunda vez la fecha instalación del mobiliario Urbano, Ahora se iniciaría la instalación del mismo el 12 de junio del 2023, lo que el cabildante asegura perjudica en gran medida a los bogotanos.
Adicionalmente, EUCOL incluyó una cláusula transitoria para permitir que el concesionario deje de reponer las señales de tránsito que han sido hurtadas. En esa cláusula se permite instalar stickers en lugar de reponer los tableros en acero inoxidable, adhesivos que dificultan que el ciudadano tenga acceso a la información de las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Por otro lado, desde que EUCOL asumió la operación del contrato de mobiliario urbano en junio de 2020 hasta abril de 2022, el concesionario ha tenido ventas brutas por más de 41.000 millones de pesos, después de la recuperación económica, el concesionario facturó 25.200 millones de pesos, 14% menos que el año 2018 (año más cercano sin pandemia). Sin embargo la historia para el Distrito no es favorable, pasó de recibir 4.634 millones en 2018 a recibir tan solo 2.255 millones en 2021.
Durante la adjudicación del contrato EUCOL se comprometió a dar 3.800 millones de pesos para el desarrollo de un programa de cultura ciudadana (que además era uno de los factores puntuables que le dieron 140 puntos en la licitación), en la actualidad el DADEP tuvo que crear e implementar el programa “párate en la raya” el cual consiste en que los ciudadanos reporten cuando sean testigos del robo de las señales verticales ante la línea 123. Sin embargo este programa era netamente responsabilidad del consorcio, pero éste alegó que estaban afectados financieramente por la pandemia y le pidieron al DADEP que les dejara pagar los 3.800 millones por cuotas.
En medio de tantos ires y venires, Bogotá no cuenta con mobiliario urbano nuevo, sigue perdiendo retribución, el contratista pone trabas para ejecutar el proyecto y la ciudadanía como siempre pagando los platos rotos.
