El Parque Ecológico Cerro Seco, ubicado en límites de la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, es un ecosistema subxerofítico que podría comprender entre 365 y 500 hectáreas, de las cuales mediante Resolución 1197 de 2013 se declararon 148,14 hectáreas de área protegida administradas por el Distrito en el parque metropolitano Arborizadora Alta, donde se ha encontrado especies de aves como el Cantor Sabanero y la Alondra Cornuda, las cuales se encuentran en vía de extinción.
Y aunque esta declaratoria prohibía todo tipo de actividades humanas que afectaran el ecosistema, la magistrada Villamizar en la Sentencia del Río Bogotá ordenó al Ministerio de Ambiente a definir las zonas compatibles con minería con el fin de proteger los valores ambientales de la Sabana mediante la Resolución 2001 de 2016, como esto no fue de su completo agrado suspendió parcialmente del acto administrativo y ordenó inspecciones judiciales a las zonas compatibles, para posteriormente exigir su cambio para excluir algunas y agregar otras.
Mientras tanto en 2016 la Secretaría Distrital de Ambiente bajo las directrices de Enrique Peñalosa, emite la Resolución 520 de 2017 para retirar el carácter de reserva a Cerro Seco, dejándole la vía libre a las compañías mineras, permitiendo así la explotación por más de 20 años, generando más contaminación y pasivos ambientales irremediables.
Para eso en el 2018 acatando las ordenes de Villamizar, el Ministerio de Ambiente nuevamente emite con Resolución 1499 de 2018, y aunque no se conoce que se haya realizado la inspección correspondiente a Cerro Seco, estas decisiones terminaron afectando de manera orquestada este ecosistema.
Ante la decisión de la actual autoridad ambiental distrital de crear un parque de borde y un parque ecológico de montaña de Cerro Seco en el Plan de Ordenamiento Territorial, la magistrada abrió un incidente de desacato interpuesto por los mineros o receberos.
Lo que no recuerda la magistrada es que la Ley 99 en su artículo 61 tiene como sentido proteger la sábana con sus páramos, aguas, valles, cerros y sistemas montañosos. Por lo cual debe primar el medio ambiente y no la minería, que es lo que buscan las comunidades que han hecho de su territorio un lugar sagrado y por eso exigen ser escuchadas y vinculadas a la audiencia pública.
En la audiencia del 20 de agosto la magistrada Nelly Villamizar aceptó hacer una inspección judicial a Cerro Seco, gracias a una presentación realizada por las organizaciones ciudadanas donde denunciaron los impactos de la minería.
De dichos estudios se podrá analizar la posibilidad de aumentar las áreas de lo hoy propuesto en el POT como Parque Ecológico de Montaña y el Parque de Borde con el fin de evitar la conurbación y afectación del ecosistema por asentamientos ilegales, adicionalmente las áreas colindantes que se encuentren en zonas compatibles con la minería determinadas por el Ministerio de Ambiente se incorporarán a polígono de área protegida en dicho parque con posterioridad al cierre minero.
Esta propuesta de #POT cerrará el ciclo de devastación en #CerroSeco, tal como lo han reclamado las organizaciones ambientales por años. ¡Por fin tendremos un parque de borde que protege este valioso ecosistema! Más detalles en este video: pic.twitter.com/I9H8CKrktb
— Mafe Rojas🌻💦🌱🐾 (@maferojas) November 8, 2021
