El artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) permite a los municipios cobrar por impuesto predial hasta un 16 por mil del valor de los predios residenciales y comerciales. Sin embargo, en Bogotá, donde se encuentran los inmuebles más caros del país y debieran pagarse las tasas más altas, se cobra como máximo el 9.5 por mil, es decir, algo menos del 60% del límite legal. Hay, pues, un amplio desfase entre las señales que da la ley y el nivel de tributación en la capital de la República.
Esto se riñe con el principio de progresividad según el cual, en cuanto mayores sean el patrimonio o los ingresos de la persona, mayor debe ser la proporción de los mismos que se le cobra como tributo. La reforma propuesta por el alcalde pretendía corregir esa situación.
Medellín viene cobrando una tasa máxima del 15 por mil a los inmuebles residenciales de más de $1.000 millones y a los comerciales de más de $270 millones. Cali, por su parte, grava los residenciales de estrato 6 con el 14 por mil, y los comerciales con el 14.5.
Hay que hacer, sin embargo, tres advertencias. En primer lugar, que según la reforma propuesta la tasa máxima del 16 por mil se empezaría a cobrar desde un piso muy bajo, el de los predios que valen 373 salarios mínimos, lo que corresponde a unos $230 millones. Con eso se meterían en un mismo saco los inmuebles de este valor y los de miles de millones de pesos.
En los rangos de precios inferiores pero más cercanos a los 373 salarios mínimos, las tasas propuestas se aproximan mucho al 16 por mil. De hecho, esas tasas aumentan muy aceleradamente en función del incremento del valor de los predios.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la actualización del catastro en Bogotá es hoy en día muy dinámica y el valor catastral de los predios se acerca mucho al 70% de su precio comercial. Entre tanto, en Medellín esa relación puede estar en el 50%, en promedio.
Por último, en la capital de la República hay escasez de suelo y para muchos usos, gran insuficiencia de área construida, lo cual empuja al alza los precios de los inmuebles, sin que ocurra automáticamente lo mismo con el ingreso de los capitalinos. Esto acarrea dificultades para cumplir las obligaciones tributarias, porque el predial se cobra en función de los precios pero se paga con los ingresos líquidos del contribuyente. Y no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno extendido.
Por todas estas razones se hacía necesario revisar la propuesta de la administración. Por boca del secretario de Hacienda ésta se manifestó muy dispuesta a participar en esa revisión en las discusiones en el Concejo, pero eso no bastó para que la Comisión de Hacienda del Cabildo se abstuviera de enterrar el proyecto. Así se perdió la oportunidad de rescatar el principio de progresividad bajo un formato ajustado a la evolución de la riqueza inmobiliaria y del nivel de ingresos de los bogotanos.
Mención aparte merece la propuesta del alcalde de eliminar la incidencia del estrato en la tasa por cobrar. Esa incidencia lleva a que predios que valen miles de millones de pesos y que pertenecen a empresas o personas muy solventes, paguen prediales pequeños cuando están ubicados en zonas de estratos bajos, una situación que riñe con la progresividad y merece ser eliminada cuanto antes. Pero tendrá que ser en otra coyuntura, por el insuceso de la iniciativa del alcalde en el Concejo Distrital.
De haber sido aprobada, la reforma habría generado un recaudo tributario adicional de $500.000 millones al año, aproximadamente. Sin embargo, el aumento del impuesto de industria y comercio solo tendría impacto a partir de 2016, así que bajo el actual gobierno tan solo se percibirían, como recursos adicionales y por el predial de 2015, unos $200.000 millones. Lejos de ser una reforma para la administración Petro, la que hundió el Concejo iba a ser, pues, un refuerzo a la gestión de los futuros gobiernos de la ciudad.
