La empresa seguirá actuando como costosa intermediaria, en una operación que, en 4 años, no ha arrojado ningún resultado para la ciudad.
En el presupuesto distrital para 2015, aprobado el mes pasado, se incluyeron $48.000 millones para reforzar el montaje del Sistema Inteligente de Tránsito (SIT) que está a cargo de la ETB. Ese dinero se suma a los $32.500 millones que la ETB recibió hace cuatro años y que nunca ejecutó.
Qué es un Sistema Inteligente de Tránsito
Es un modo de poner a jugar las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones para optimizar la movilidad. Responde al concepto de ciudades inteligentes, que utilizan información en tiempo real para organizar los servicios urbanos.
El SIT comprenderá aplicaciones para el manejo del tráfico en general. Trabajan con cámaras que captan los flujos de vehículos en tiempo real, y en semáforos que les dan prelación automática a las vías con mayor tráfico en cada momento. Una red de tableros electrónicos advierte a los conductores sobre los puntos de congestión o saturadas de polución y les sugiere rutas alternas. También incluirá aplicaciones complementarias para controlar la flota de transporte público o la de transporte de carga, respaldar el sistema de emergencias, detectar infractores y manejar peajes urbanos y parqueo en vía. Bogotá requiere con urgencia un sistema de esas características, que podría costar más de medio billón de pesos.
En 2006, hace ya casi 10 años, el Plan Maestro de Movilidad reconoció la necesidad del SIT y señaló que debía acudirse a una consultoría experta para diseñarlo. Por falta de esa consultoría, las entidades distritales se han pasado años peloteándose la responsabilidad de conceptualizar y diseñar el sistema.
Tres años después de expedido el Plan Maestro, la Secretaría omitió la consultoría y montó una licitación para diseñar e implementar el SIT, aunque no era conveniente abarcar ambas actividades bajo un mismo contrato. La licitación se hundió porque recibió muchas críticas, pues les daba ventajas indebidas a algunos proponentes.
Entra en escena la ETB
Un año después, en 2010, todavía en el gobierno de Samuel Moreno, el SIT cayó en un agujero negro al ser puesto en manos de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Sus credenciales consistían en haber manejado por años la desueta red semafórica de la capital. Una vez más se cometió el error de entregar a la contratista el diseño del SIT, la adquisición de equipos y los demás contratos con terceros para su montaje, y la operación del sistema.
El Convenio 1029 de 2010, por el que se realizó el traslado, previó que la empresa elaboraría una “solución integral” para el desarrollo de la primera fase del proyecto, que comprendía el centro de control para toda la ciudad y la semaforización y la detección de infracciones de una parte de ella. La definición de esa solución estaría precedida por la “contratación de los bienes y servicios objeto de la [misma]”. En otras palabras: primero se comprarían los equipos y después se definiría la propuesta técnica integral a la que debían corresponder. El valor de la primera fase ascendía a $65.000 millones. La ETB recibió un anticipo de $32.500 millones, que ha mantenido durante años en sus cuentas bancarias y su portafolio de inversiones.
A continuación, la empresa organizó dos “invitaciones públicas” para contratar los equipos, una a finales de 2010 y otra a comienzos del año siguiente, todavía en el cuatrienio de Moreno. Ambas fracasaron, en medio de denuncias de chamboneo y amañamiento [Para más detalles sobre la licitación de la Secretaría de Movilidad y las “invitaciones públicas” de la ETB, ver El Sistema Inteligente de Transporte le quedó grande a la ETB].
La ETB le gana el pulso a la Secretaría de Movilidad
Al comienzo del gobierno de Petro la Secretaría de Movilidad descalificó el documento “Estructura técnica y diseño conceptual del SIT”, elaborado por la ETB, porque “no garantizaba el direccionamiento estratégico del proyecto”, y le exigió a la contratista aportar un diseño idóneo. Por entonces, la Secretaría fue llegando a la conclusión de que se requería contratar una “consultoría especializada técnica y financiera” para ese propósito, porque la empresa no estaba en condiciones de cumplirlo.
En noviembre de 2012, a instancias de la Secretaría, se decidió reestructurar el convenio, y en febrero del año siguiente se resolvió liquidarlo, pero poco después la Empresa de Telecomunicaciones se negó a hacerlo. Alegó que eso “no consulta[ba] sus intereses porque la obligaría a devolver el anticipo de $32.500 millones recibido tres años atrás, que ya había registrado como ingreso en su contabilidad”. El alcalde le dio la razón a la ETB. La secretaria de Movilidad de la época, Ana Luisa Flechas, dejó el cargo a raíz de eso.
El 2013 pasó sin pena ni gloria, mientras el anticipo le generaba rendimientos financieros a la ETB. Y al comenzar 2014 se firmó un otrosí para reencauchar el Convenio 1029. Previamente, la Secretaría de Movilidad había elaborado una “definición de servicios y funcionalidades” para el SIT, que sirvió de base al otrosí. El reencauche se perfeccionó a final de año, cuando se aprobó el presupuesto de 2015, que incluye la partida de $48.000 millones adicional al anticipo de $32.500 millones.
Está por verse si la “definición de servicios y funcionalidades” llena el vacío de la conceptualización del SIT. Lo que sí está claro es que hay muchos motivos de duda sobre la capacidad de la ETB para llevar a buen término el convenio.
El primero es que lleva casi 5 años en poder del proyecto y hasta ahora no ha salido con nada. El segundo, que el Convenio 1029 sigue el mismo patrón de otras operaciones, en las que la Empresa de Telecomunicaciones actúa como costosa intermediaria entre entidades distritales y terceros contratistas, sin aportar mayor valor agregado. Son negocios que probablemente no conseguiría en un marco de competencia y que el Distrito le entrega porque tiene la política de protegerla y fortalecerla. El propósito sería loable si la ciudad y las otras entidades no salieran perjudicadas.
El tercer motivo de preocupación es que la contratación de la ETB no está sometida a condiciones de transparencia. Sus operaciones no se rigen por la Ley 80 sino por las normas de las empresas privadas, y no están sujetas al control político del Concejo, a pesar de que la ciudad es la dueña del 90% de sus acciones. Así que invertirá sin licitación los $80.000 millones que recibirá para montar la primera fase del sistema.
