En febrero de este año, el señor Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, solicitó a la Contraloría General de la Nación abrir una investigación especial a TransMilenio; después de detectar insuficiencias financieras y operativas en la implementación del SITP Zonal y terminación del SITP Provisional.
Con la firma de un otrosí el 29 de mayo del año en curso, se busca tomar medidas para superar la crisis que se veía venir desde el decreto 309 de 2009 llevado a cabo en el gobierno de Samuel Moreno, donde se improvisó en las cuatro fases del SIPT Zonal y el SIRCI y no se tuvo en cuenta que el inicio de cada una de las fases dependía de la correcta implementación de las anteriores.
En dicho otrosí, TransMilenio S.A. y los operadores del SITP Zonal comprometieron recursos financieros al incrementar tarifas, crear un factor de sostenibilidad, autorizar construcción de patios e incluir los compromisos del anexo técnico.
La adopción de las fases del SITP debería haberse pensado desde TransMilenio (SITP Troncal), sistema que hasta el momento no arroja pérdidas, desarrollando todas sus fases, y complementariamente dar gradualidad a la implementación de rutas del Zonal, cables aéreos, líneas de Metro y REGIOTRAM.
Otro de los grandes flagelos para los bogotanos es la licitación pública en el cual fue adjudicado el contrato 001 de 2011 del SIRCI a la empresa Recaudo Bogotá, empresa que tiene un endeudamiento que supera el 98%, y sus ingresos solamente le alcanzan para operar, sin tener la capacidad financiera para pagar sus deudas.
Además, las irregularidades e ilegalidades del sistema, la no integración si no la sustitución de las tarjetas, la clonación que originó el termino CYBERCOLADOS, la no integración por parte de Recaudo Bogotá frente a las plataformas tecnológicas de recaudo previamente existentes de la Fase I y II, son los factores que llevan al SITP a su final.
Otras de las causas que hacen el declive del Sistema son: la resolución 302-003783 del 14 de septiembre del 2018 de la Superintendencia de Sociedades, la denuncia penal de TransMilenio a los hermanos Ríos Velilla, al contratar con el Estado, teniendo un familiar con la investidura de Concejal, junto a la demanda administrativa interpuesta por ANGELCOM ante la justicia contencioso administrativa, el contrato está subjudice, es decir supeditado a un fallo judicial, además, presuntamente viciado de nulidad absoluta.
Sin contar la posible demanda que entablarían los hermanos Ríos Velilla a la ciudad tal como sucedió con el gobierno chileno donde los señores FRANCISCO JAVIER Y CARLOS MARIO RIOS VELILLA presentaron una demanda al Estado por cuantía de USD 350 millones de dólares, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Los hermanos argumentan en su denuncia; el poco tiempo que el gobierno chileno le dio para un proyecto tan ambicioso, las pocas estrategias que utilizó el Estado para ayudar a los operadores de Transantiago para evitar y controlar la evasión y, la no adecuación de vías, paraderos y plataformas de transbordo al nivel prometido para su buen funcionamiento.
Llama profundamente la atención los argumentos de los demandantes y la similitud que representaría para TransMilenio los hechos expresados por los hermanos Ríos, pues todo lo ocurrido en Chile pareciese CRÓNICA DE UNA DEMANDA ANUNCIADA.
La Honorable Concejal de Bogotá María Victoria Vargas recalca que este descalabro financiero de TransMilenio puede arrastrar a la ciudad a una crisis de imprevisibles consecuencias para las posibilidades de inversión social, dejando a la ciudad con un transporte de servicio público que “Nació Muerto” y que tiene muy pocas posibilidades de revivir; siendo incluso de mayor magnitud al originado en ELECTRICARIBE que hoy tiene pérdidas acumuladas de $8.7 billones de pesos.
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Carmen Pumarejo
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