En la tarde de este miércoles, un hombre de 54 años fue asesinado en Kennedy tras intentar evitar un robo. Los delincuentes, que se movilizaban en moto, respondieron con disparos luego de que la víctima los embistiera con su vehículo. Murió en el lugar.
Este no es un hecho aislado. Es parte de un patrón que evidencia una falla estructural en el sistema de justicia. Dos días antes, en el CAN, uno de los capturados en otro intento de hurto llevaba un brazalete electrónico del INPEC. Estaba cumpliendo una condena de seis años bajo detención domiciliaria. Sin embargo, no estaba en su casa: fue encontrado en la calle, armado y delinquiendo. Había violado esa medida al menos ocho veces.
La semana pasada, otro caso reveló el mismo problema: un condenado utilizó papel aluminio para bloquear la señal del brazalete y evadir el monitoreo.
Tres hechos que resumen una realidad alarmante: capturamos, condenamos y después el sistema permite que vuelvan a delinquir.
Bogotá enfrenta un déficit de más de 7.600 policías, mientras la inversión del Gobierno Nacional en la institución se redujo a la mitad entre 2022 y 2025. Pero el problema de fondo no es únicamente de fuerza pública.
El problema es más profundo: capturar sin una justicia efectiva no sirve de nada.
La reincidencia criminal en Colombia alcanzó el 23,4% según el INPEC. Es decir, 1 de cada 4 personas que pasan por el sistema vuelve a delinquir. Mientras tanto, el debate público se queda corto, discutiendo la eficacia de herramientas como los brazaletes electrónicos, cuando los delincuentes ya saben cómo burlarlos.
Lo que está fallando es el sistema completo. Falla una justicia que deja en libertad a delincuentes capturados en flagrancia con armas, bajo el argumento de que “no tienen antecedentes”. Falla un modelo de detención domiciliaria que, en la práctica, no tiene control efectivo. Falla la articulación institucional cuando no hay respuestas claras del Ministerio de Justicia ante las alertas de las autoridades locales.
Eso tiene un nombre: impunidad. Y la impunidad tiene consecuencias concretas: la pagan los ciudadanos con su seguridad y, en muchos casos, con su vida. El propio alcalde ha advertido sobre esta situación. En un caso reciente, la Policía capturó a una banda de fleteros a punto de cometer un delito. A pesar del porte ilegal de armas, fueron dejados en libertad por no tener antecedentes. Días después, los mismos delincuentes —señalados de al menos cinco casos de fleteo— volvieron a ser capturados.
¿Cuántas veces más deben reincidir para que el sistema actúe con contundencia?
Este comunicado es un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación:
¿Por qué se siguen otorgando beneficios a delincuentes reincidentes o de alta peligrosidad?, ¿Qué controles reales existen sobre quienes cumplen condenas fuera de prisión?
Bogotá no puede seguir pagando con vidas las fallas de la justicia nacional. Porque mientras el sistema no garantice consecuencias reales, capturar seguirá siendo insuficiente y delinquir seguirá saliendo barato.
