Los diferentes Estados que han acogido los mencionados instrumentos vienen realizando esfuerzos orientados a la implementación de herramientas normativas y políticas que permitan la materialización del espíritu pedagógico, protector y restaurativo de las medidas impartidas a los adolescentes en conflicto con la ley penal. En este sentido viene siendo de primordial interés la adopción del paradigma de Justicia Restaurativa, como alternativa a los tradicionales sistemas retributivos de justicia, que ha tenido un significativo protagonismo en la experiencia internacional y nacional en materia de Justicia Juvenil.
El Estado colombiano no es ajeno a este panorama, habiendo acogido las diferentes disposiciones internacionales en materia de Responsabilidad Penal Adolescente, muestra de ello se encuentra en la inclusión del paradigma de Justicia Restaurativa en la ley de infancia y adolescencia.
A pesar de lo anterior, las estadísticas en lo relacionado con la comisión de conductas infractoras de la ley penal por parte de adolescentes muestran la persistencia de este fenómeno con cifras que, si bien presentan una tendencia a la disminución, guardan similitud durante los últimos años en nuestro país.
Con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia en 2006, Colombia adopta un modelo de justicia para los adolescentes que infringen la ley penal, denominado Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, a través del cual incorpora principios consagrados en los estándares internacionales que recomiendan a los países suscritos incluir en sus modelos de justicia mecanismos alternos al proceso penal, lo cual se traduce en incorporar propuestas que minimicen la intervención penal, estimulando la desjudicialización y desinstitucionalización de los adolescentes que han infringido la ley penal.
De esta forma se dejó atrás el modelo de justicia tradicional cuya esencia es retributiva, es decir, busca a toda costa perseguir al infractor que ha transgredido la ley para imponerle un castigo por el delito cometido, dejando de lado los intereses y necesidades de las partes involucradas, es decir, la víctima, la comunidad y el infractor. El presente documento tiene por finalidad realizar un análisis de los avances y dificultades que ha presentado la implementación del enfoque de Justicia Restaurativa como alternativa para el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal en Colombia.
En el contexto colombiano las cifras emitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revelan la realidad del Sistema de Responsabilidad Penal en Colombia; desde su implementación en el año 2007, hasta junio del año 2017 el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente registró un total de 233.055 ingresos.
Las cifras expuestas por el ICBF en su plataforma digital establecen que, desde la implementación del Sistema Responsabilidad Penal Adolescente en Colombia en el 2007, hasta marzo de 2019 se han registrado un total de 251.455 ingresos.
De estos ingresos, la mayoría corresponden a jóvenes de 16 y 17 años de edad:
Asimismo, desde la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, los delitos que se registraron con mayor frecuencia fueron:
Entre tanto a la relación del genero del menor vemos que la proporsición es de 1 a 10, siendo la mayor incidencia en el delito por parte de los menores de género masculino, teniendo 221.713, hasta marzo de 2019, frente a 29.744 mujeres que han sido retenido por algún tipo de delito.
Las cifras de aprehensiones a menores de edad por ciudades, edad y año también evidencian una mayor tendencia en la comisión de delitos por parte de los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años de edad. Por ejemplo, si se miran las cifras de Bogotá de capturas por el delito de hurto a personas por años vemos que:
Los mayores delitos presentados en Bogotá son:
Dejando una gran preocupación viendo que Bogotá cuenta con cifras bastante importantes en delitos como Acto sexual con menor de 14 y Acceso carnal abusivo, teniendo cifras como 3,26% y 1,08%. Es decir, tenemos cerca del 5% de delitos sexuales por parte de menores de edad. Otra preocupación que me dan estas cifras es que el tráfico de estupefacientes representa un cuarto de los delitos cometidos.
Por lo consiguiente, vemos que es pertinente preguntarnos, ¿qué es mejor? ¿sancionar a un menor de edad desde una edad más baja? ¿o trabajar en una política de estado y ciudad que nos permita proteger a los menores?
Dentro de nuestra evaluación vemos que los menores deben tener una mayor responsabilidad de sus actos.
