Se trata de una actividad comercial que en países como Estados Unidos y Brasil ya está regulada y que en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, los camiones pagan alrededor de tres millones de pesos mensuales por el uso de la vía pública; por otra parte, en Brasil, se cuenta con regulación en Río de Janeiro, donde se han dispuesto 26 puntos para su funcionamiento en 90 plazas donde pagan una cuota de 680 reales para el uso de los espacios, o, en Washington donde para operar, deben pasar antes de cada turno por la revisión de inspectores de salud que verifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas.
El interés por formalizar esta actividad comercial ha llevado a la búsqueda de disposiciones que les permitan operar de manera regulada en diferentes puntos de la capital y que esta actividad pueda desarrollarse en el marco de la reactivación económica que requiere por lo pronto se de en espacios abiertos. En este sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido hablando del crecimiento de esta actividad y su impacto en eventos a gran escala; ya son más de 300 camiones los que funcionan en Bogotá, pero ojo, porque no todos cumplen con las condiciones para llamarse Foodtrucks y una de las principales diferencias es que se comporta como un restaurante se cumple con las condiciones sanitarias para las ventas de alimentos.
Al no tener puntos adecuados en los que puedan funcionar, resulta en que se ven obligados a pagar arriendos en plazoletas o parqueaderos privados, ingresos que podría recibir el Distrito con la regulación, siempre y cuando se dé un proceso técnico y sensato para el aprovechamiento de espacio público, con decisiones que no afecten el bienestar de los ciudadanos.
En 2014 y 2015, la Secretaría de Movilidad y el Dadep, identificaron 200 espacios aptos para este tipo de negocios, pero no evidenciaron que la actividad proporcionara un provecho económico para el Distrito. Sin embargo, lo cierto es que la formalización no solo beneficia los propietarios de Foodtrucks sino también es una forma de garantizar a quienes van a estos puntos que los alimentos que serán consumidos cuentan con las respectivas condiciones sanitarias. Con la aprobación de un permita una regulación específica, con requisitos y protocolos sanitarios y de movilidad la ciudad logrará una retribución económica por esta nueva operación.
Vale la pena insistir que no se pueden considerar como vendedores informales dado que ellos están registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá, y por ende también tributan; la diferencia es que su actividad comercial se da en un camión pequeño que cuenta con las adecuaciones necesarias para brindar alternativas de venta de comidas. Sin duda, una buena herramienta de reactivación para quienes tras la crisis del Covid-19 buscan generar ingresos y contribuir con la ciudad en desarrollo económico con nuevas propuestas gastronómicas y potenciando el turismo en las zonas donde se ubican.
Concejal de Bogotá
