En mi calidad de concejal de Bogotá, me permito poner en conocimiento de la opinión pública y de los organismos de control las graves irregularidades detectadas en la ejecución del contrato N.º 3887 de 2018, suscrito entre el IDRD y el Consorcio San Isidro, contrato que ascendió a más de $3.629 millones de pesos y que hoy, lejos de representar un espacio de recreación y deporte para la comunidad, se ha convertido en un símbolo de presunta corrupción y detrimento patrimonial en la contratación pública. Luego de la recepción de la obra en septiembre de 2020, la comunidad y mi equipo de trabajo hemos constatado múltiples fallas en la construcción: fisuras en las placas de concreto, hundimientos en la cancha múltiple, desprendimiento de materiales, mala calidad en los acabados y, de manera alarmante el rebosamiento de aguas residuales, suceso que fue intervenido en julio del 2025 por el acueducto de Bogotá, por las denuncias que realicé como concejal frente a la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, al medio ambiente sano y dignidad humana de la comunidad del barrio La Coruña. Estos hechos configuran una flagrante vulneración al principio de calidad y seguridad en la contratación estatal, consagrado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En lugar de garantizar un espacio de recreación digno y seguro, los recursos públicos fueron invertidos en una obra defectuosa que hoy representa posible detrimento patrimonial para la ciudad, conforme lo señala la Ley 610 de 2000. Lo más grave es que, pese a las evidentes deficiencias constructivas, el IDRD recibió la obra a satisfacción sin dejar salvedades, omitiendo ejercer las facultades contractuales necesarias para proteger el patrimonio público. Este hecho no solo refleja negligencia administrativa, sino también una falta de transparencia en la gestión de los recursos distritales. Por lo anterior, en mi condición de concejal, demando la intervención inmediata de la fiscalía general de la nación para estos asuntos como de la Contraloría de Bogotá, la Personería Distrital y la Veeduría Distrital para que investiguen y determinen las responsabilidades penales, contractuales, fiscales y disciplinarias que correspondan, tanto del contratista como de los funcionarios que avalaron esta entrega irregular. La ciudadanía de Ciudad Bolívar, y en general Bogotá, merece parques seguros, obras bien ejecutadas y una administración responsable de los recursos públicos. No podemos seguir normalizando la improvisación ni la corrupción en la gestión de los recursos públicos.
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