El concejal de Bogotá Marco Acosta cuestionó con firmeza el accionar del Gobierno Nacional frente a los reiterados retrasos en el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), situación que pone en riesgo el pago oportuno de la nómina de 29.128 docentes y 1.598 funcionarios administrativos del Distrito Capital.
De acuerdo con comunicaciones oficiales enviadas por la Secretaría de Educación del Distrito, el pago de la nómina docente se realiza históricamente tres días hábiles antes de finalizar cada mes, y el del personal administrativo cinco días hábiles antes, para lo cual Bogotá ha contado durante años con la transferencia regular de los recursos nacionales entre los días 20 y 21 de cada mes.
No obstante, en julio y agosto de 2025, los giros se realizaron de manera tardía, los días 22 y 26, respectivamente. En el caso de agosto, los recursos fueron transferidos apenas un día antes de la fecha programada para el pago de la nómina docente, generando un riesgo grave e innecesario para el cumplimiento de esta obligación laboral.
“Esto no es una falla del Distrito ni una situación imprevista. Es una responsabilidad directa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda y del DNP, que son las entidades encargadas de programar y ejecutar los giros del Sistema General de Participaciones. Jugar con los tiempos fiscales es jugar con el salario de los maestros y con la estabilidad del sistema educativo”, afirmó el concejal Acosta.
El cabildante advirtió que estos retrasos reiterados generan incertidumbre, tensión laboral y riesgo de afectación al derecho fundamental a la educación, pues cualquier incumplimiento en la nómina puede derivar en traumatismos en la prestación del servicio educativo para miles de niños, niñas y jóvenes de Bogotá.
“Bogotá ha actuado con planeación, diligencia y responsabilidad. El problema está en el nivel nacional, en decisiones fiscales improvisadas y en la falta de prioridad real a la educación. No es aceptable que más de 30 mil trabajadores dependan de giros que llegan tarde”, agregó.
Finalmente, el concejal anunció que ejercerá dentro de sus competencias la exigencia a explicaciones formales al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda y al DNP, y solicitará a los organismos de control que evalúen el impacto fiscal y administrativo de estos retrasos, reiterando que la educación y los derechos laborales de los docentes no pueden seguir siendo vulnerados por la ineficiencia del Gobierno Nacional.
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