En sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, el concejal José Cuesta Novoa realizó una denuncia de alto impacto sobre presuntas irregularidades estructurales en el sistema tributario digital del Distrito, BogData, que estarían vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica de los contribuyentes bogotanos.
En su intervención, el concejal contextualizó su denuncia en el marco de la globalización y la digitalización del Estado, resaltando un fenómeno clave para la economía nacional y distrital: la diáspora colombiana. Según datos recientes del PIB, las remesas enviadas por colombianos en el exterior alcanzaron los 13.000 millones de dólares en 2025, convirtiéndose en el principal renglón económico del país, incluso por encima del petróleo.
“Una parte significativa de los 2,4 millones de hogares de Bogotá sostiene su economía doméstica gracias a las remesas. Muchos de sus propietarios viven hoy fuera del país, pero siguen cumpliendo con sus obligaciones tributarias a través de plataformas digitales del Distrito”, señaló Cuesta Novoa.
El cabildante cuestionó el funcionamiento de BogData, una plataforma cuya implementación costó cerca de 120 mil millones de pesos y cuyo mantenimiento anual asciende a 16.300 millones, recursos públicos que deberían garantizar eficiencia, transparencia y confiabilidad, pero que hoy presentan serios cuestionamientos en su operación.
Como parte central de la denuncia, Cuesta Novoa presentó un caso documentado de una ciudadana contribuyente que, pese a contar con certificados digitales oficiales emitidos por la Secretaría Distrital de Hacienda que acreditaban estar al día en sus obligaciones, recibió comunicaciones de emplazamiento y cobro por supuestas deudas inexistentes, acompañadas de sanciones millonarias.
El caso evidencia una contradicción grave: mientras la Oficina Virtual de la Secretaría certifica legalmente el cumplimiento tributario, la misma entidad desconoce sus propios actos administrativos y traslada la carga de la prueba al ciudadano, exigiéndole demostrar pagos que ya han sido oficialmente validados por el sistema digital.
“Estamos frente a una violación abierta al debido proceso y a la seguridad jurídica. El Estado no puede certificar una cosa y luego actuar como si esa certificación no existiera”, advirtió el concejal.
Cuesta Novoa alertó que estas inconsistencias afectan de manera particular a los bogotanos que viven en el exterior, quienes dependen exclusivamente de los canales virtuales para cumplir sus deberes tributarios. La situación, según explicó, no solo genera zozobra e indefensión, sino que podría abrir una peligrosa ventanilla a la corrupción, al inducir a pagos duplicados sin claridad sobre el rastro contable de esos recursos.
“Si un ciudadano paga dos veces un impuesto ya cancelado, ¿dónde queda ese dinero? ¿Quién responde? ¿Cuántos casos similares existen?”, cuestionó.
Como cierre de su intervención, el concejal José Cuesta Novoa formuló un derecho de petición verbal a la Secretaría Distrital de Hacienda, solicitando información detallada sobre cuántos casos similares se han presentado, especialmente entre contribuyentes que residen en la diáspora colombiana.
“Si estamos hablando de miles de casos, estaríamos frente a un problema de enorme gravedad institucional que exige acciones inmediatas”, concluyó.
Finalmente, el concejal anunció que este debate continuará en el Concejo de Bogotá y que hará seguimiento estricto a las respuestas de la Administración Distrital, en defensa de los derechos de los contribuyentes y del uso transparente de los recursos públicos.
3152395959
