El Concejal Martín Rivera Alzate, pidió a los órganos de control suspender la etapa de selección de proponente citada para hoy, por todas las denuncias e irregularidades que tiene el proceso.
De ser entregado este contrato la ciudad estaría perdiendo la oportunidad de recibir y generar ingresos, fuente del mobiliario público, por los próximos 15 años.
Sin embargo, aún estamos a tiempo para que la administración ejerza una revocatoria directa de los actos administrativos contractuales, por no estar conformes al interés público.
El concejal Martín Rivera Alzate, explicó las razones del por qué debe ser suspendido el proceso:
1. Hoy en día la ciudad ya tiene un contrato donde un privado explota comercialmente los espacios publicitarios. Eso no está mal, lo que está mal es el gol que le quieren meter a Bogotá con un nuevo contrato.
Actualmente en Bogotá se comercializa 650 caras de 325 paneles publicitarios a través de un contrato con Efectimedios.
Este contrato le representó a la ciudad 659 millones de pesos entre los meses de septiembre y diciembre de 2019.
Es decir, hoy hay 650 caras y se reciben 659 millones mensuales, lo que le representa al Distrito $1,013,846 por cada cara explotada.
Sin embargo, con el contrato que entregaría el DADEP en pocas horas no solo se van a entregar las 650 caras actuales, sino todo el mobiliario público de la ciudad y por 15 años. Es decir, paraderos de SITP con módulo, sin módulo, paneles interactivos y bancas que en total suman más de 3,310 caras que pueden ser explotadas comercialmente con publicidad.
A pesar de las dimensiones y el alcance de este contrato, para la ciudad esto solo representarían $179 millones mensuales por 15 años, más un porcentaje mínimo de las ventas en publicidad que definirá el privado, que en el mejor de los casos el Concejal prevé que será entre un 8% a un 9%.
En resumen, hoy se entregarán 3,310 caras y se recibirán solo $179 millones mensuales, más una cantidad definida por la empresa ganadora. Es decir, mucho menos de lo que se recibe actualmente, por mucho más de lo que se explota.
2. ¿Por qué la licitación es un mal negocio para Bogotá?
Porque cuando se estructuró el contrato no se definió el porcentaje mínimo de participación para Bogotá por el aprovechamiento comercial del mobiliario público. Es decir, no se definió el porcentaje que le tendría que dar el privado a la ciudad por el total de sus ventas brutas en publicidad.
Hacer esto no es normal en ninguna parte del mundo. Generalmente las ciudades definen un porcentaje de participación en las ventas brutas anuales, como lo hizo Medellín con un 15%, Cali 12% o San Francisco con el 55%.
Los porcentajes siempre deben ser definidos por la ciudad, porque no se puede ser las empresas las que decidan cuánto le van a pagar a la ciudad por explotar un recurso público.
Por otro lado, lo que la ciudad sí definió fue la remuneración mínima anual que le deberá pagar el privado, con la irrisoria suma de $2.157.000.000. Lo más preocupante es que esta remuneración mínima no se calculó sobre una proyección de comercialización, sino de manera aleatoria.
Establecer una remuneración mínima y no un porcentaje de participación, va en contra de la lógica de cualquiera y del principio de progresividad que debe primar en el diseño de las licitaciones públicas, de modo que se favorezcan las finanzas públicas. Es decir, en las concesiones públicas a medida que el privado comercialice y venda más, más debe ganar la ciudad.
Con el fin de entender los dineros que dejaría de ganar la ciudad, el concejal Martín Rivera Alzate presento una proyección de ingresos basándose en las tarifas comerciales presentadas por EUCOL para el mes de mayo y asumiendo que el privado explotaría solo el 50% de las caras que tendría a su disposición, es decir, 1655 caras. Si esto fuera así, el privado reportaría ingresos por $600.566.400.000 durante la duración del contrato mientras que el Distrito quedaría con menos del 10% de esto, es decir nada.
3. Además de que la ciudad va a regalar el aprovechamiento comercial del mobiliario, hay varias preocupaciones sobre la licitación y sus proponentes:
Hay dudas sobre si los proponentes están habilitados para participar por el contrato.
Para participar en esta licitación hay varios requisitos, uno de ellos es contar con certificados que demuestren que se tiene la capacidad financiera para llevar acabo el contrato. Sin embargo, existen denuncias sobre el incumplimiento de requisitos por parte de un proponente. Se denuncia que los certificados presentados por EUCOL (JCDecaux) corresponden con certificados de cupo de endeudamiento, que no son acumulables, pero que en ningún caso pueden entenderse como certificados de financiamiento.
Es decir, la certificación de un posible préstamo que puede hacer un banco no corresponde con un préstamo efectivamente realizado.
Estas denuncias las ha hecho TipsMedia, el otro proponente, aportando elementos probatorios que merecen un pronunciamiento de los órganos de control, sin embargo, éstos no han dicho nada.
Por otra parte, hay preocupación por los antecedentes y las prácticas corporativas de JCDecaux (EUCOL). Se tiene conocimiento de varias denuncias en distintas ciudades del mundo sobre problemas de esta empres que requieren ser verificadas, garantizando la idoneidad de los proponentes.
Hoy sabemos que las alertas en el mundo no son en vano, tenemos suficiente evidencia de malas prácticas corporativas pueden permear gobiernos a escala global.
El concejal Martín Rivera Alzate aseguro que aun estamos a tiempo para que los órganos de control o la administración suspendan este contrato. La ley le permite a la administración hacerlo.
La administración puede revocar directamente los actos administrativos contractuales cuando estos no estan conformes al interes públicos y social o cuando van en contra de la constitución y la ley. Por las razones ya expuestas la administración tiene los argumentos para hacer uso de sus facultades que le otorga la ley.
Por ultimo el Rivera Alzate, manifesta “se debe y se puede suspender la etapa de selección mientras la administracion nos aclara a la ciudadanía todos las denuncias e irregularidades del proceso.”
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