El jueves 10 de febrero, la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó el debate de control político sobre la proposición “Hurto de Tapas de Cajas de Inspección EAAB, Medidores, Contadores y Cableado de Servicios Públicos Domiciliarios en Bogotá”, convocada por la Bancada Partido Colombia Justa y Libres.
Inicialmente se hizo lectura de la siguiente proposición: “Impacto laboral y generación de empleo a partir de las inversiones realizadas con el uso de cupo de endeudamiento”, la cual fue aprobada de manera ordinaria.
Luego el concejal Marco Acosta realizó un recuento histórico para mostrar como este delito está afectando gravemente al Estado y a la misma ciudadanía, indicó cifras de los hurtos que se ejecutaron en el año 2016 hasta el año 2021, las respuestas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- y las propuestas de prevención frente a este delito.
Acosta afirmó que en “2021 el hurto de medidores de servicios públicos llegó a 24 mil, donde los ciudadanos pagaron más 3.300 millones de pesos en su reposición (…) Una vez más afecta el bolsillo de los ciudadanos y la misma seguridad en nuestras vías de la cuidad”. También afirmó que las localidades con más hurtos de medidores de energía y gas entre 2016 y 2021 fueron: Antonio Nariño 32, Barrios Unidos, 60, Bosa 69, Chapinero 18, Ciudad Bolívar 48, Engativá 232, Fontibón 38, Kennedy 121, entre otras.
No obstante, Marco Acosta resaltó la importancia de detener este acto delincuencial por lo que hizo énfasis en: ¿Cómo la Administración Distrital está tomando los debates de control político que presentamos en el Concejo de Bogotá? Y si ¿Responde de fondo y en forma clara los cuestionamientos se hacen?
El concejal concluyó su exposición con diversas propuestas preventivas que ayudan al control de estos hurtos, como “la creación de una alianza contra el fraude, buscar la capacitación con aportes económicos por parte de las empresas afectadas por el hurto de infraestructura y por el fraude, se necesita de manera urgente una campaña mediática, crear grupos élite para la persecución de estos delitos, crear una Unidad Especial de Delitos contra los servicios Públicos en la Fiscalía y en materia de prevención, las empresas insisten en la necesidad de continuar con campañas soportadas en la optimización de las líneas de denuncia”.
Una vez terminada la intervención del concejal Acosta, tomó la palabra el concejal Emel Rojas, quien se refirió al hurto del cableado en la ciudad, donde aseguró que este delito genera los siguientes problemas: “Robo de cable de cobre, hierro y cable telefónico, daño a vehículos y biciusuarios, servicios subterráneos expuestos pueden ser manipulados, demandas legales y juicios por daños a la propiedad y lesiones personales, posibles atentados terroristas que accedan a través de las vías subterráneas, comercialización ilícita de los elementos hurtados, apagón y pérdida de internet y vandalismo”.
Con lo dicho anterior, el concejal le preguntó a las empresas del Acueducto y Codensa: ¿Quién pierde por estos hurtos? Y les pidió hacer claridad de ¿cuánto vale la unidad de medidor y de elemento robado? y a ¿cuánto le sale al usuario su reposición?
También se refirió al hurto de tapas en la ciudad donde indicó que “se está instrumentalizando a los habitantes de calle, es decir los utilizan para hacer un trueque con ellos, lo cual es muy triste, en total fueron 4.239 tapas hurtadas en 2021, donde la localidad de Kennedy fue la que registró más hurtos con 664 tapas”. Para finalizar, el concejal Emel Rojas hizo énfasis en las cifras de pérdidas por los hurtos de luminarias y preguntó: ¿cuántos individuos y vehículos relacionados con el hurto, se han podido detener y cuáles son los resultados de los procesos?
Luego, intervino el cabildante Celio Nieves quien afirmó que “el hurto del mobiliario urbano es recurrente porque es una realizad que no podemos ocultar”, indicó que el usar materiales alternativos para prevenir el hurto puede ser que solucione el hurto en algún porcentaje, pero estos materiales inciden en la contaminación y el daño del medio ambiente por el uso de “polímeros de alta densidad y policoncreto”; Asimismo, se refirió a los impactos ambientales generados al no reponer las canecas de basura hurtadas en la ciudad “se debe hacer un gran esfuerzo por parte de la Administración para generar menos residuos sólidos de todo tipo”.
Al termino de estas exposiciones se dio la palabra a los concejales voceros: Diana Diago y Andrés Onzaga.
La concejala Diana Diago afirmó que “no existe una conexión interinstitucional para solucionar esta problemática a la ciudadanía”, preguntó a la Secretaría del Hábitat: ¿Cuántas personas se han visto afectadas por esta problemática y cuántos lesionados tienen registrados en cifras del gobierno distrital?
Luego intervino el concejal Andrés Onzaga, quien expuso algunos datos de este delito: “en los medidores de agua, en los últimos 5 años ya van 58.704 unidades reportadas como hurtadas, este delito representó a la ciudad más de 14.076 millones por concepto de reposición de los mismos en estos 5 años”. También se refirió a los hurtos de medidores de gas en la ciudad donde indicó que “ya van más de 4.283 medidores repuestos por hurto para el periodo 2017 – 2021, siendo reincidentes en 95 de los casos, lo que representó aproximadamente 755 millones, y nuevamente Kennedy, Bosa y Puente Aranda en el ranking de las localidades donde más se comete este delito”.
Finalmente intervinieron en el debate las concejalas María Victoria Vargas, Lucía Bastidas, y los concejales Carlos Carrillo, Julián Rodríguez, y Álvaro Argote, quienes propusieron la unificación de este tipo de debates, ya que este tema se había tratado en proposiciones abordadas con anterioridad.
Continuando con el orden del día el concejal Libardo Asprilla Lara, presidente de la Comisión de Hacienda, suspendió este debate y solicitó su continuación en una próxima sesión.
Concejo de Bogotá D.C.
