En desarrollo del debate de control político sobre el modelo de aseo en Bogotá, citado en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, el concejal José Cuesta Novoa afirmó que este servicio público esencial no puede evaluarse únicamente desde una lógica operativa o financiera, sino que debe analizarse de manera integral, con un enfoque de cuidado de lo público, equidad y garantía de derechos, especialmente de las personas y comunidades con protección constitucional reforzada, como las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO).
Durante su intervención, Cuesta Novoa recordó que los recicladores de oficio han cumplido históricamente una función pública fundamental, a pesar de haberlo hecho por décadas en condiciones de exclusión e informalidad, mientras los modelos de aseo han favorecido esquemas altamente concentrados. Señaló que este contexto obliga a la ciudad a evaluar de forma permanente si el modelo vigente corrige dichas desigualdades o si, por el contrario, las reproduce a través de decisiones técnicas, contractuales y tarifarias que ponen en riesgo la sostenibilidad de la economía popular del reciclaje.
En el ámbito jurídico, el concejal subrayó que la Corte Constitucional ha reconocido a los recicladores de oficio como sujetos de especial protección, ordenando su inclusión real, digna y no regresiva en el servicio público de aseo. En ese marco, sostuvo que el Distrito no puede limitarse a un cumplimiento formal de estos fallos, sino que debe garantizar que la planeación, la operación y el esquema tarifario reflejen de manera efectiva dichos mandatos constitucionales.
Uno de los ejes centrales del debate fue el componente tarifario. Cuesta Novoa planteó que este no debe entenderse únicamente como un mecanismo de recuperación de costos, sino como un instrumento de política pública con impactos redistributivos. En ese sentido, insistió en la necesidad de revisar si la estructura tarifaria actual reconoce adecuadamente el aprovechamiento, garantiza una remuneración justa a las ORO, protege a los usuarios más vulnerables y contribuye a la sostenibilidad ambiental y fiscal del sistema, evitando cargas regresivas y desequilibrios en favor de los sectores más concentrados del servicio.
Desde una perspectiva técnica, el concejal señaló que la eficiencia del modelo de aseo no puede medirse exclusivamente a partir de indicadores financieros o de volumen, sino que debe incorporar variables sociales, ambientales y territoriales. Enfatizó que un modelo técnicamente robusto no puede ser socialmente excluyente ni desconocer el conocimiento y la experiencia de los recicladores de oficio como actores estructurales del sistema.
Como conclusión del debate, José Cuesta Novoa anunció que, junto con su bancada, acompañará las mesas técnicas encargadas de la definición y ajuste del esquema tarifario del servicio de aseo, con el propósito de ejercer un seguimiento activo y responsable a las decisiones que allí se adopten. Explicó que este acompañamiento busca asegurar que el diseño tarifario incorpore criterios de equidad, progresividad y solidaridad, y que las definiciones técnicas se orienten a la protección efectiva de las personas y comunidades más vulnerables.
Finalmente, el concejal afirmó que esta iniciativa responde a una visión del control político que trasciende la deliberación y se proyecta en el seguimiento permanente de las políticas públicas, fortaleciendo la transparencia, el carácter público del servicio de aseo y la garantía de derechos. En ese sentido, reiteró su compromiso con un modelo de aseo justo, incluyente y sostenible, que reconozca el valor social y ambiental del reciclaje y salde la deuda histórica con quienes han sido excluidos del sistema.
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