• A pesar de que Bogdata sigue sin funcionar correctamente, la administración suma unos cuantos miles de millones al contrato, pasando de $39.828.475.000 a $53.238.473.292.
• Por su parte, la interventoría inició con un costo de $ 3.922.999.000 y ahora nos cuesta más del doble, es decir $8.073.123.879, sin que ni siquiera sus recomendaciones hayan sido atendidas por la Administración.
• Aunque SÍ CAPITAL continúa siendo una salida viable y efectiva, la Administración prefiere destinar recursos a un contratista que no ha hecho más que incumplir el contrato.
El pasado 7 de julio, el Juzgado 31 Administrativo admitió la demanda en contra la Secretaría Distrital de Hacienda y la Alcaldía de Bogotá, interpuesta por el concejal Carlos Carrillo, del Partido Polo Democrático Alternativo, quien a través de la Acción Popular busca proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa, de los estragos económicos y administrativos que ha ocasionado el proyecto Bogdata en el Distrito.
El Concejal señala que a pesar de las violaciones que se han cometido en el desarrollo del proyecto de “Bogdata”, por parte de la administración del exalcalde Peñalosa y el Gobierno de Claudia López, todavía no se han tomado medidas para frenar la pérdida de recursos, la parálisis financiera y las afectaciones al buen funcionamiento de otras entidades Distritales, que ha provocado la plataforma Bogdata, desde el 2017, al contrario, han permitido que se causen graves perjuicios para la ciudad.
Incluso, la Personería Distrital, con pleno conocimiento de las violaciones a estos derechos, no ha desplegado ninguna acción contundente, por tal motivo, el Cabildante, además de la demanda, radicó solicitud a la Procuraduría para que se tomen decisiones rápidamente y evitar mayores perjuicios de los ocasionados.
Finalmente, el Cabildante exhorta a la Alcaldesa y la Secretaría de Hacienda a que en el desarrollo del proyecto de Bogdata, dejen de dilatar las audiencias de los procesos sancionatorios y atiendan los informes de la interventoría y el contenido del contrato, con el fin de cesar la violación a los derechos colectivos y proteger los recursos públicos por encima de los intereses de un contratista.
Cordialmente,
Partido Polo Democrático Alternativo
