- El contrato que originalmente debía culminar el 31 de diciembre de 2019 y por un valor de $39.828 millones, se ha prorrogado hasta el 30 septiembre de 2022 con un costo de $64.349 millones pesos.
- El contrato de BOGDATA ha tenido 10 modificaciones con hallazgos por los Entes de Control.
- Con la adición, la Administración ha alcanzando el límite de lo permitido por la Ley para este contrato y aún van en un 71% de implementación.
- Pese a los hallazgos de la Contraloría y las diferentes medidas judiciales que el concejal Carrillo ha interpuesto, parece que es imposible lograr la caducidad del contrato BOGDATA.
- Tras los problemas de BOGDATA la Administración tuvo que modificar el calendario tributario de la ciudad.
"A pesar de los colapsos financieros que ha causado a la ciudad y de los constantes incumplimientos contractuales, la Administración continúa del lado del contratista, accediendo a modificaciones del contrato a su antojo". Así lo manifestó el concejal Carlos Carrillo, quien desde el 2020 advirtió que BOGDATA es la representación cronológica de un fracaso. Sin embargo, no ha habido poder humano que logre corregir los errores.
En varias oportunidades el concejal Carrillo ha solicitado a los Entes de Control que tomen las medidas necesarias para suspender el contrato; asimismo ha interpuesto medidas judiciales para frenar el desfalco que significa BOGDATA para la ciudad, e incluso en la audiencia de pacto de cumplimiento que se adelantó el 8 de marzo de este año, incluyó los nueve hallazgos administrativos de la Contraloría sobre BOGDATA, pero nada ha servido para suspender el contrato.
"Esta Administración está siendo cómplice al blindar al contratista y parece que a los Entes de Control no les importa. Es inexplicable que la Alcaldesa anticorrupción se dedique más a defender a los contratistas que al interés general y el patrimonio público" manifestó el Cabildante.
Finalmente, ante el último colapso de BOGDATA que resultó en la modificación del calendario tributario de toda la ciudad, el pasado 2 de mayo, el Concejal solicitó una nueva medida cautelar para que no se efectúe ninguna modificación ni se efectúen pagos al contratista.
Asimismo, el Concejal solicitará de manera formal la intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República, frente a lo cual espera que el Concejo de Bogotá lo acompañe.
