En el marco de la sesión de la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, durante el debate convocado por el concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy sobre Los retos de la paz en Bogotá, la concejal Ana Teresa Bernal expuso una radiografía preocupante sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz y la situación de violencia en la capital, advirtiendo que, pese a los avances normativos y la creación de instancias de participación, “los resultados son mínimos frente a la realidad del conflicto social y armado en la ciudad”.
Bernal inició su intervención recordando que “hablar de paz es poner en el centro la vida como valor supremo, pero además, vida digna”. Bajo el marco de la Ley 2272 de 2022 —que orienta la política de paz total— destacó tres ejes centrales: la transformación territorial para la equidad, el cierre de déficits en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el fin de las violencias armadas.
Sin embargo, advirtió que Bogotá vive “un momento de alta polarización” y que, aunque se han emitido decretos y creado estructuras participativas, los impactos reales son escasos. El asesinato del joven Harold Aroca, torturado y ejecutado en el barrio Los Laches, ejemplifica —dijo— la falta de políticas efectivas de paz y reconciliación en la ciudad.
La violencia en Bogotá: una historia que no cesa
La concejal hizo un recuento histórico señalando que desde la década del 40 Bogotá ha recibido población desplazada por la violencia; en los 60 y 70 enfrentó la violencia de las mafias esmeralderas; en los 80 el narcotráfico generó mercados ilícitos y corredores ilegales; y en los 90 se registraron los índices más altos de homicidio por estas causas.
Hoy, la capital sigue enfrentando problemáticas estructurales como el “volteo” de tierras, microtráfico, extorsiones y trata de personas, especialmente en localidades como San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme y Ciudad Bolívar, así como en la zona de influencia de la Central de Abastos.
Indicadores en rojo y preguntas al Distrito
Bernal recordó que entre 2022 y 2023 el homicidio tuvo una variación negativa del 11%, pero con tendencia al alza, y que otros indicadores de seguridad siguen en rojo. En ese contexto, preguntó al Distrito: ¿cómo se articula el Decreto 537 de 2023 —Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación— con las actuales estrategias de seguridad?
Cuellos de botella en la implementación del Acuerdo de Paz
La concejal identificó al menos cuatro problemas críticos:
- Bajo impacto de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): aunque se reportan 65 productos, no hay balance de su aporte real a la transformación territorial.
- Debilitamiento del sistema distrital de participación de víctimas: baja asistencia del alcalde a los Comités Distritales de Justicia Transicional y Consejos de Paz; varios inactivos.
- Obstáculos en política de retorno, reubicación y acceso a vivienda para víctimas del conflicto armado.
- Ausencia de estrategias sólidas de prevención, protección y garantías de no repetición que eviten nuevas victimizaciones en Bogotá.
Bernal concluyó reiterando que la superación del conflicto armado interno en la capital requiere voluntad política, articulación interinstitucional y un compromiso real con la vida digna. “No podemos acostumbrarnos a vivir en medio de la violencia; la paz no puede quedarse en decretos, debe traducirse en transformaciones reales en los territorios y en las vidas de las personas”, afirmó.
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