La concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal de la bancada Colombia Humana UP, durante la comisión de gobierno del día de hoy, presenta proyecto de acuerdo que tiene como objetivo crear lineamientos para la atención integral a Víctimas del abuso policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá, a cargo de la administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno y en articulación con la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaria de Salud y la Secretaria de la Mujer de acuerdo a su competencia y misionalidad y la Personería Distrital en coordinación con las demás entidades competentes del Ministerio Público.
Para la concejala Ana Teresa Bernal, los hechos de violencia, abuso y brutalidad policial que se iniciaron con el asesinato de Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá a manos de miembros de la Policía Nacional, desencadenaron uno de los episodios más graves de violación de los derechos humanos en la historia del país; por ejemplo, durante el paro nacional de 2021, se dieron actos propios del conflicto armado interno, tales como desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos, graves violaciones a los DDHH, a la vida, la integridad y la libertad.
A pesar de las múltiples advertencias y llamados a la fuerza pública, entre los que se cuentan el informe del ACNUDH (2019) y los debates de control político liderados por la bancada de la Colombia Humana-UP, no se han desarrollado acciones de ningún tipo (investigaciones, revisión de protocolos del uso de armas menos letales, reforma del ESMAD), al contrario, se escaló la violencia policial armada “violencia física, sexual, tratos degradantes y tortura” (ONG Temblores), llegando al uso de armas letales de manera desproporcionada e indiscriminada, con una masacre de 11 personas, torturas y violencia simbólica desatada (ONG Temblores 2021).
De igual manera, la ONG Temblores durante su informe de 2020 plantea que la violencia policial afecta de manera diferenciada a las personas con sexualidades y géneros no hegemónicos, a las personas que usan drogas, a las personas habitantes de calle, a las personas afrodescendientes, indígenas, a las personas jóvenes, a las personas que se dedican a la venta ambulante (o economías callejeras) y a las personas que se dedican al trabajo sexual y a las mujeres” (2020 p, 18).
Este informe también señaló que, en ejercicio de la protesta social se registran casos de: violencia homicida, violencia física, violencia sexual y que entre los años 2017 y 2019, se registraron 23 casos de violencia homicida policial, siendo esta la cuarta ciudad con mayor cantidad de asesinatos en el País.
Sin embargo, es lamentable que las actividades de movilización social en el Paro Nacional hayan dejado tantas víctimas del abuso policial. En esto, tal como lo señala este informe, la acción violenta del Estado se concentró en circunstancias específicas y sectores concretos, por ejemplo, en el Portal de las Américas, punto en el que se reportaron 1425 casos de heridos por el trato violento por parte de la fuerza pública.
De la misma manera, la COMISIÓN DE DDHH DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 2021, a 8 de junio, con reportes de la Secretaría de Salud informa 108 personas víctimas de trauma en cabeza en cara, 43 de trauma ocular, 61 con herida en cabeza y 3 quemaduras en cabeza o cara por abuso policial".
En resumen, la intervención de la fuerza pública y en especial del Escuadrón Antidisturbios ESMAD, ha sido desplegada en el marco del paro nacional en Bogotá, principalmente por la obstaculización de vías y los daños a bienes ajenos, pero las consecuencias han sido número desproporcionado de civiles afectados en su libertad, integridad física y en por lo menos dos ocasiones la vida misma, demostrándose la incongruencia de la actuación de la fuerza pública entre las razones de intervención y las consecuencias a los ciudadanos afectados.
En este contexto es importante resaltar que la concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal a través de un diálogo con actores sociales, organizaciones, sectores académicos, líderes políticos nacionales e internacionales, ha logrado consolidar este proyecto de acuerdo donde se deja claro el valor de la protesta social, los patrones de su estigmatización en la ciudad y en Colombia y el deber del Estado en la reparación integral a las personas que han sido víctimas por el abuso policial en el ejercicio de este derecho
Un primer paso hacia la no estigmatización y la garantía de una protesta social sin víctimas donde se pretende dar el reconocimiento del deber del Estado en la atención y reparación integral de víctimas de abuso policial en el marco de la protesta social.
