La defensa de los humedales ha sido una lucha constante entre la ciudadanía, los colectivos ambientalistas y la administración de turno. Desde su primera alcaldía, Peñalosa ha mostrado un peculiar interés por intervenir los humedales de la ciudad y construir obras como pasarelas, canchas, ciclorrutas, alamedas y todo tipo de obras de alto impacto que alterarían el ecosistema.
No han sido pocas las ocasiones en las que ha sido necesario acudir a la justicia para frenar a las retroexcavadoras y mezcladoras de cemento. Por ejemplo, en 2006, los vecinos del barrio Niza Sur lograron frenar las obras que Peñalosa inició al final de su alcaldía en el humedal Córdoba. Ese mismo año se conoció el fallo de una Acción Popular interpuesta por la defensoría del Pueblo en 1998, para establecer que ningún acuerdo del Concejo pueda ser regresivo y desproteger los humedales.
La más reciente de estas acciones jurídicas fue una demanda de nulidad presentada por miembros de la Red de Humedales cuya elaboración apoyamos con mi equipo de trabajo. Mediante el decreto 565 de 2017, Peñalosa modificó la definición de recreación pasiva contenida en la Política Distrital de Humedales. Un cambio sutil que causa alteraciones de fondo, porque al incluir actividades deportivas dentro de la recreación pasiva, se abre la posibilidad de construir canchas, calzadas y todo tipo de obras en cemento dentro de los humedales; pasan de ser espacios naturales protegidos, a parques recreativos.
Y en efecto, Peñalosa comenzó obras duras en varios de los humedales de la ciudad. Por ejemplo, sobre el humedal Juan Amarillo se pretende construir un puente que lo corta dramáticamente para conectar las localidades de Engativá y Suba. Así mismo, pretende intervenir y endurecer el parque Juan Amarillo, el cual se encuentra dentro de los límites del humedal. Los planes de convertir los humedales protegidos de la ciudad en parques recreativos también afectan a humedales como Córdoba, Jaboque, Tunjuelo y Salitre.
A raíz de nuestra demanda de nulidad, en diciembre del año pasado el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá decidió otorgar medidas cautelares dentro del proceso, por lo cual dejó temporalmente sin efectos el decreto demandado. De esta manera, la definición de recreación pasiva de la Política Distrital de Humedales vuelve a ser la original y las obras duras de Peñalosa quedan provisionalmente sin piso ni justificación jurídica. Debían detenerse inmediatamente.
Sin embargo, la administración ha hecho caso omiso a las medidas cautelares otorgadas y ha continuado las obras. En algunos casos, no sólo en contra de las decisiones judiciales sino también en contra de los derechos humanos, reprimiendo de manera violenta a la población civil que pide la protección de los humedales. Así, el 08 de abril de 2019, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios ejerció actos inaceptables de violencia contra los habitantes de Ciudadela Colsubsidio, que sólo estaban solicitando una mesa de concertación con la alcaldía. Pero Peñalosa no dialoga, Peñalosa impone.
Debido a todo lo anterior, presentamos junto con varios líderes ambientales un incidente de desacato contra el alcalde y su Secretario de Ambiente por desobedecer las medidas cautelares otorgadas por el Juez Cuarto Administrativo. Ese proceso se encuentra en marcha y el juez debe estar evaluando la documentación aportada por las partes. También sigue su curso el proceso inicial de nulidad contra el decreto 565 de 2017 y ya se llevó a cabo la primera audiencia donde las partes aportan sus argumentos.
De todo esto, solo esperamos que impere la Ley, los principios de precaución y no regresividad, pero sobre todo el sentido común, para que no se ponga en riesgo el patrimonio ambiental de Bogotá por esa peculiar obsesión del alcalde en intervenir los humedales de la ciudad sin más justificación que sus caprichos personales.
