En el marco de la Comisión de Plan del Concejo de Bogotá, la concejala Ana Teresa Bernal, de la bancada de la Colombia Humana, realizó una intervención histórica en la que puso sobre la mesa un tema doloroso y urgente: la estigmatización y el aniquilamiento de jóvenes en la capital, prácticas que no son nuevas, pero que hoy se agudizan en medio de un contexto de violencia urbana y desatención institucional.
“El debate de hoy es un modesto tributo a la memoria del joven Harold Aroca y de los cientos de jóvenes desaparecidos que sus familias siguen buscando con la esperanza de encontrarlos con vida”, expresó Bernal, dejando claro que el objetivo de su intervención era visibilizar una problemática que ha marcado generaciones enteras en Bogotá y que continúa vigente.
Los antecedentes: una historia de exterminio social
La concejala recordó que desde finales de los años 70 el país ha sido testigo de prácticas de “limpieza social” que iniciaron con la persecución y el asesinato selectivo de habitantes de calle, trabajadoras sexuales y jóvenes de barrios populares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1998 y 2013 se reportaron 3.696 casos de exterminio social en Bogotá, una cifra que revela la magnitud del problema y que, sin embargo, sigue siendo apenas una aproximación debido a la falta de denuncias y a la precariedad en los registros oficiales.
Bernal señaló que la estigmatización ha sido el hilo conductor de estas violencias: “Es el poder del estigma, capaz de escribir verdaderas páginas de crueldad. Una identidad juzgada como peligrosa torna a los jóvenes en depositarios del mal, condenándolos a la persecución y al homicidio”.
La concejala evocó además episodios dolorosos como la masacre del barrio Juan Pablo II en Ciudad Bolívar ocurrida el 26 de julio de 1992, en la que fueron asesinados 11 jóvenes en un hecho que buscó sembrar terror en la comunidad. “Esa herida sigue abierta en la memoria de la localidad y muestra cómo, desde hace décadas, los jóvenes han sido víctimas de estrategias de exterminio que nunca se detuvieron”, puntualizó.
La violencia en Bogotá hoy: cifras alarmantes
La concejala alertó sobre el agravamiento de la violencia en Bogotá durante los últimos años. En 2024, la ciudad registró la peor tasa de homicidios desde 2016, pasando de 13,7 a 15,2 por cada 100 mil habitantes. A ello se suma un aumento dramático en delitos como la extorsión, que según la Secretaría de Seguridad tuvo un crecimiento del 60% al 64% en un solo año, consolidándose como una de las mayores amenazas para la ciudadanía y el comercio.
Pero quizás el dato más inquietante es que en 2025 Bogotá concentra el 42% de las desapariciones reportadas en Colombia, lo que representa más de 800 personas desaparecidas en la ciudad. En la mayoría de los casos, sus familias denuncian falta de acompañamiento institucional, ausencia de investigaciones serias y una revictimización constante.
“Hoy operan en Bogotá entre 80 y 86 organizaciones criminales con vínculos en mercados ilegales como microtráfico, trata de personas, explotación sexual y extorsión. Estas estructuras, muchas veces articuladas con redes carcelarias, convierten a los jóvenes en carne de cañón: víctimas, instrumentalizados o desaparecidos”, denunció Bernal.
Los casos recientes: Usme y Kennedy bajo amenaza
En su intervención, Bernal hizo un llamado urgente de atención frente a dos casos recientes que reflejan el drama que enfrentan cientos de familias en Bogotá:
- Juan Icabuco, de 22 años, desapareció el 8 de junio de 2025 en la localidad de Usme. Pese a los llamados de su familia, las autoridades no han adelantado rastreos de celular, operativos de búsqueda ni acompañamiento efectivo. “La familia ha tenido que hacer por su cuenta lo que debería estar haciendo la Policía y la Fiscalía: recolectar cámaras, indagar en el sector y buscar pistas”, denunció la concejala.
- Gabriel Eduardo Cano, de 18 años, desapareció el 12 de agosto de 2025 en Kennedy, después de asistir a una cita odontológica. La familia tampoco ha recibido apoyo institucional y ha tenido que emprender por su cuenta la búsqueda. “No hay fiscal asignado, no hay respuestas, no hay investigaciones en curso. La indiferencia frente a estas desapariciones es inaceptable”, subrayó Bernal.
La concejala advirtió que localidades como Usme y Kennedy están siendo cooptadas por el crimen organizado, donde los niños son usados como campaneros y los jóvenes instrumentalizados por bandas criminales. “¿Dónde está la intervención del Distrito? ¿Dónde están las garantías de seguridad para nuestros jóvenes?”, preguntó.
Un llamado a la memoria, la justicia y la acción inmediata
Bernal insistió en que la estigmatización y la violencia contra los jóvenes deben ser reconocidas como crímenes de lesa humanidad que no pueden seguir siendo invisibles ni tratados como hechos aislados. Recordó que organizaciones como la Fundación Temblores han documentado, solo entre 2020 y 2022, 352 homicidios, 20.895 casos de violencia física y 95 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional, lo que refleja la gravedad del problema.
“El caso de Harold Aroca y de los cientos de jóvenes desaparecidos en Bogotá exige respuestas inmediatas. No podemos permitir que las familias sigan solas en la búsqueda de sus hijos ni que el estigma social siga justificando la violencia contra ellos”, concluyó la concejala.
Con este debate, Ana Teresa Bernal no solo rindió homenaje a las víctimas, sino que reafirmó el compromiso de la Colombia Humana de alzar la voz contra la impunidad y exigir al Distrito acciones concretas para garantizar la vida, la justicia y la memoria de los jóvenes de Bogotá.
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