Lo primero es reconocer la altura ética y moral de los líderes sociales y defensores de DDHH que a pesar de su condición de riesgo constante continúan siendo la voz, la caja de resonancia y la imagen de lo que ocurre en el país real, y por eso es importante exaltar al grupo de líderes sociales que desde el pasado 25 de junio comenzaron la “Marcha por la Dignidad” con el fin de rechazar el asesinato de líderes sociales, indígenas, campesinos, Afrodescendientes y personas de la comunidad LGBT, arribando a Bogotá el viernes 10 de julio llegará a Bogotá a realizar una velatón por la vida y la libertad.
En segundo lugar, reconocer la importancia de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc y lo que implica para una ciudad capital como Bogotá mantener la atención a las víctimas (Punto 5), acompañar el proceso de reincorporación social y económica de ex combatientes (Punto 3) y adicionalmente adoptar para esta ciudad la formulación e implementación de dos (2) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET para el Sumapaz y el borde suroccidental de Ciudad Bolívar y Bosa (Punto 1). Indudablemente son retos inmensos y necesarios, lo que nos preguntamos es si el Distrito Capital tiene las capacidades institucionales suficientes para cumplir y superar estos retos.
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, adscrito a la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, por acuerdo de las partes acompaña y monitorea el seguimiento a la implementación y lo compara conforme a la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM, en inglés) que es el instrumento que han desarrollado para generar insumos y recomendaciones a los países en proceso de postconflicto precisamente a partir de lecciones aprendidas y buenas prácticas de 34 procesos de paz que han derivado en la firma de Acuerdos.
Ésta iniciativa de carácter académico con vocación de incidencia política entrega una serie de informes al país, y en el más reciente (junio/2020) exalta varios hallazgos. El Primero es que el AFP es mucho más integral que los otros 34, toca más áreas temáticas derivado precisamente de la complejidad de nuestro conflicto y de las características de este Estado centralizado.
El Segundo tiene que ver las reformas sociales requeridas para cerrar las brechas de vulnerabilidad y marginalidad que enfrentan las víctimas, así como las de seguridad, aún no se cumplen a los ritmos y magnitudes registrados. Valga decir que la gran mayoría de estas reformas son de voluntad e iniciativa del gobierno nacional.
El Tercero está relacionado con la reactivación de estructuras armadas y de las expresiones de violencia armada precisamente en las zonas donde más se ha hecho evidente la demora en la implementación del Acuerdo, de lo que se deriva el incremento del reclutamiento forzado, los controles a la vida cotidiana de comunidades y restricciones a la movilidad, entre otras.
El Cuarto se refiere a la confianza de la sociedad en el alcance de los acuerdos en la medida en que se materializa su implementación; si esto no ocurre entonces la confianza se pierde y el respaldo disminuye.
Y el Quinto que podría ser de mucho interés para los partidos de la coalición de gobierno nacional- se refiere al impacto positivo que trae el cumplimiento y la implementación de los acuerdos con la valoración y el apoyo electoral de la ciudadanía en los siguientes comicios; el Informe de Kroc lo denomina beneficios electorales.
Así es que como podemos ver todos estos elementos tienen incidencia directa y retos para la ciudad y para la administración distrital.
Con ocasión de la conmemoración del Día de las Victimas el pasado 09 de abril la Administración nos dijo que Bogotá contaba con 340.346 víctimas residentes reconocidas por la UARIV, de las cuales el 53,7% son mujeres y el 23,1% son jóvenes (ACDVPR 09/04/2020); sin embargo, como ya nos mostró la Concejala Ana Teresa Bernal esas cifras se han incrementado: 357.636 personas victimizadas. Después de Medellín, Bogotá sigue siendo la segunda ciudad capital receptora de población víctima por el conflicto armado interno, la cual se concentra mayoritariamente en localidades como La Candelaria, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba y Usme. Es decir el 3,80% de las víctimas del país esperan la atención de la Administración Distrital. Situación que lamentablemente, y según vemos el incremento de los hechos de guerra, tiende a generar más víctimas incluidas personas firmantes del Acuerdo Final de Paz- como lo demuestran los hechos de la semana en Pitalito, Algeciras, Tibú y en el departamento del Cauca.
Por todo lo anterior reiteramos nuestro interés y apoyo en que la Mesa Intersectorial para el Seguimiento de los PDET comprometido en el Artículo 54 del actual PDD sea la instancia de articulación efectiva que se requiere para cumplir la estrategia de gobierno y contribuir a la construcción de paz.
Finalmente, es la oportunidad para decir que nos sigue preocupando mucho el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes, por la presencia de actores armados ilegales en la ciudad, por la presión permanente y sistemática para vincularlos a ellos en sus actividades delictivas, y porque la oferta de los violentos aún termina siendo más atractiva y velóz para nuestros jóvenes que la oferta lánguida y pasiva del Estado y su institucionalidad, con lo cual se mantiene vigente el reto que tenemos como líderes políticos para cambiar esta realidad de nuestros jóvenes.
ALIANZA VERDE
