La viabilidad futura del Distrito Capital depende de una relación sostenible con la Estructura Ecológica Regional y el sistema hídrico que la soporta. La mayor deuda que dejan los primeros diez años del Plan Distrital del Agua (PDA) están relacionados, precisamente, con su promesa no cumplida de un ordenamiento y una gestión integrada del sistema hídrico regional, aspiración que ha quedado registrada en los objetivo estratégicos 1 y 2 del Plan. No obstante, los factores sociopolíticos que han impedido al PDA proyectarse a la región, hoy pueden resolverse en el contexto de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
En esa perspectiva, la Ley Orgánica propuesta para dar forma a la Región Metropolitana debería tener un esencial y urgente espíritu ambiental, más que el funcional y estratégico que hoy tiene, en su intento de replicar formas de asociación metropolitana actualmente caducas y en crisis. Aunque Ley Orgánica anuncia su interés por la sostenibilidad, termina priorizando los criterios de interdependencia regional funcional anticipados en el Artículo 72ª Plan Distrital de Desarrollo, en el que se anuncia la creación de una Autoridad Regional de Transporte como jalonadora del desarrollo regional a través de proyectos de transporte masivo.
Mientras hoy los proyectos de Áreas o Regiones Metropolitanas tienden a convertirse en Ecorregiones Metropolitanas, sustentadas en el paradigma biocultural, es decir en la sincronía entre el ecosistema humano y el natural; para nuestra Ley Orgánica el agua es un “recurso” relacionado con los servicios públicos (Artículo 9º), y el ambiente un “medio” (Artículos 4º y 5º).
El principal problema de la actual ciudad-región es la ocupación indiscriminada del territorio a partir del método del ‘volteo de tierras’, institucionalizado para atraer actividades económicas que aporten a las arcas municipales. El respeto a las interrelaciones ambientales ha sido secundario, con el aval de la propia autoridad ambiental de la CAR. La región se ha regulado a partir de la capacidad de corrupción que tiene el gran capital inmobiliario sobre las administraciones locales, cuya función original es la defensa de lo público. No obstante, y paradójicamente, la comunidad y la naturaleza, que precisamente constituyen la esencia de lo público, en la actual fórmula de ocupación del territorio han sido considerados como ‘obstáculos del desarrollo’.
La principal herramienta de planeación propuesta por la Ley es el Plan Estratégico Metropolitano y Regional (Capítulo IV. Plan Estratégico Regional y Metropolitano para el Desarrollo Sostenible y la Equidad Territorial Regional; Artículos 15º y 16º), en lo cual hay, de facto, una perspectiva desarrollista del modelo regional. Aunque en el Artículo 11º (Lineamientos para la Ocupación Armónica, Sostenible y Equilibrada del Territorio) la Ley supone la construcción de una visión regional como punto de partida para la armonización de las políticas de ocupación y protección de la Estructura Ecológica Principal, la visión regional que nos ofrece impulsa la ocupación indiscriminada y sin los dispositivos de control regional que hoy se requieren, y que la CAR no ejerce.
En ese contexto el proyecto de Ley está orientado a la definición de un modelo operativo, estratégico y funcional sin atributos endógenos, es decir sin entorno cultural, territorial y ambiental. La región metropolitana ofrecida es un modelo universal que bien puede estar en cualquier parte del mundo.
Mientras los territorios luchan por identificar y hacer valer frente a otros territorios del escenario global sus atributos culturales y ambientales, la Ley Orgánica nos ofrece una visión regional sin rostro ni corazón, abierta al mejor postor, a la cara que quiera asignarle el capital.
En consecuencia, y aunque los proyectos Metropolitanos que se dispone a emular han estado sujetos a la consulta de sus ciudadanos, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca ha evadido esa consulta, a la que resulta doblemente obligada si consideramos que el proyecto asociativo se sustenta en transformaciones Constitucionales.
El origen inconsulto de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca la perfila como un proyecto tecnócrata y desarrollista, distante de un marco de gobernanza que reivindique el mandato participativo y de la función ecológica de la propiedad que se anuncia en la Constitución Nacional.
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