" style="display: block;">En su intervención, el concejal Amín señaló que, en lugar de cumplir con un propósito preventivo y salvar vidas, las cámaras de fotocomparendos se estarían utilizando como herramientas de recaudo económico, alejándose del objetivo principal de mejorar la seguridad vial en la capital del país.
Uno de los puntos más cuestionados por el concejal fue la falta de coherencia en las cifras presentadas por la Secretaría. Según los datos suministrados por la entidad, se reportó una reducción del 25% en muertes en zonas con cámaras de fotodetección entre 2022 y 2023. Sin embargo, el concejal enfatizó que, de acuerdo con una respuesta a un derecho de petición enviada por la misma entidad, los registros muestran un incremento del 66% en las fatalidades en dichas zonas, pasando de 41 muertes en 2022, a 68 en 2023.
El cabildante también cuestionó la información compartida sobre la mortalidad en las vías de la ciudad, pues según la Secretaría, la cantidad de motociclistas fallecidos aumentó un 48% entre 2019 y 2023, mientras que la reducción de fallecimientos de otros actores viales fue del 24.8%, cifra que el concejal en las conclusiones, evidenció que era de tan solo el 6%. Al analizar los datos globales, el concejal indicó que, en realidad, se evidencia un aumento del 13% en la cifra total de muertes en las vías bogotanas, pasando de 482 muertes en 2019, a 543 en 2023.
Otro de los puntos debatidos fue la falta de precisión y metodología por parte de la Secretaría para determinar la velocidad como factor causal en los accidentes. El concejal expresó que, si bien durante el debate, la entidad afirmó que el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en los siniestros, en respuestas derechos de petición, aseguró que no se cuenta con datos que verifiquen las velocidades al momento de los siniestros. Esta contradicción genera inquietudes sobre la efectividad de las políticas y controles implementados para mejorar la seguridad vial en la ciudad.
Frente a la jerarquización de las vías y límites de velocidad, el concejal Papo Amín subrayó la necesidad de revisar los límites de velocidad en las vías rápidas de Bogotá. Señaló que no es coherente imponer límites iguales en vías como la Calle 26 y la carrera 11, y resaltó que la Secretaria, en sus intervenciones, consideró la posibilidad de aumentar el límite a 60 km/h en ciertas vías, lo cual el concejal invitó a estudiar y aplicar con rigor.
Durante el debate, la Secretaria de Movilidad también cuestionó el término "autopista" en el contexto bogotano. Sin embargo, el concejal reafirmó que Bogotá sí cuenta con vías que cumplen con la definición legal de autopista, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, lo cual exige claridad y respeto hacia las infraestructuras propias de la ciudad.
Finalmente, el concejal hizo énfasis al referirse a un Proyecto de Acuerdo para otorgar descuentos a los conductores sancionados por exceso de velocidad, iniciativa que, según él, ha sido recibida con escepticismo por parte de la Secretaría de Movilidad. El concejal resaltó la necesidad de abrir espacios de diálogo y colaboración en favor de los ciudadanos, resaltando el apoyo de otros miembros del Concejo.
Por último, el concejal instó a las autoridades a analizar las cifras de siniestralidad de forma integral y tomando en cuenta todos los actores viales y no solo algunos, además reafirmó su compromiso de defender los derechos de los conductores y promover medidas que realmente mejoren la seguridad vial en Bogotá. También reiteró su disposición para continuar trabajando en pro de una movilidad más equitativa y transparente.
