En su decisión, el Juzgado manifestó que el personal de la salud NO está en peligro, ni en condiciones de vulnerabilidad, desconociendo la realidad que se vive en varias regiones del país por el primer pico de la pandemia.
Leal aseguró que esta impugnación se hizo porque “existen errores tanto de hecho como en derecho en la sentencia emitida por el mismo juez, quien el pasado 15 de mayo en primera instancia falló a favor del personal de la salud, obligando al Ministerio de Salud y a las ARL a entregar dentro de las 48 horas siguientes todo el material de bioseguridad necesarios”.
Ahora, 67 días después, profiere un segundo fallo en total contradicción utilizando los mismos argumentos jurídicos con los cuales había reconocido la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores de la salud.
La impugnación presentada por Leal tiene tres peticiones para el Tribunal Superior de Bogotá. La primera es declarar la nulidad de la sentencia por vicios de forma y de fondo en la apreciación de las pruebas y en la decisión.
La segunda hace hincapié en que el mismo juzgado desconoce los derechos fundamentales que había garantizado en primera instancia, como lo son el derecho a un trabajo digno, a la salud y a la vida.
La tercera petición que hace el vicepresidente del Concejo de Bogotá es que se compulsen copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos de control para que conozcan el caso y decidan si el juez amerita una investigación, pues Leal considera que existió prevaricato y falsedad ideológica en documento público.
Leal también solicitó que el Consejo Superior de la Judicatura, con copia de todo el procedimiento, verifique la conducta del juez y, de encontrar que actuó contrariando el ordenamiento, se le inicie un proceso disciplinario por negligencia, ya que el juzgado cometió errores al momento de comunicar a las partes y tomó más del doble del tiempo permitido legalmente para fallar la tutela.
Esta decisión se toma cuando Colombia registra actualmente más de nueve mil contagios y unas doscientas muertes diarias por la pandemia, mientras “las ARL siguen incumpliendo con su obligación y disfrutando de los recursos públicos que el Gobierno ordenó usar para entregar el material de bioseguridad al personal de la salud, que arriesga su vida y las de sus familias, e incluso trabaja contra el escarnio en la primera línea”, consideró Leal.
Asimismo, en muchas regiones del país los trabajadores de la salud deben adquirir con sus propios recursos los elementos de bioseguridad y en muchos casos no reciben su salario de manera oportuna.
Todo esto debido a fallas de larga data en el sistema y a que, ante la crisis actual, el Gobierno Nacional hizo caso omiso de la solicitud hecha desde el Concejo de la capital, con apoyo de algunos congresistas, para permitir el giro directo de los recursos de la salud hacia las IPS que enfrentan la pandemia.
Leal también afirmó que "la Superintendencia de Salud no está haciendo su trabajo de vigilancia para que las ARL cumplan con lo requerido, además de que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud llevan más de un mes sin reportar cifras de contagio, enfermedad y muerte dentro de los trabajadores de la salud, dato epidemiológico relevante por su impacto en la disminución del personal para la prestación del servicio y su posibilidad de ser eventuales transmisores del virus a pacientes de alto riesgo”.
El Concejal agregó "la verdad no se sabe qué es lo quieren ocultar".
