Frente a un Juzgado de Bogotá, el día 03 de diciembre, líderes de los comerciantes informales presentaron acción de tutela contra la Resolución 1183, la cual busca cuatro peticiones concretas, esto lo llevan a cabo después de reunirse el 01 de diciembre con varios entes gubernamentales del Distrito Capital de Colombia.
Las cuatro peticiones que realizan los vendedores informales son las siguientes:
- 1.Tutelar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, relacionados con: El trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio y el mínimo vital, entre otros.
- 2.Suspender como consecuencia de lo anterior la aplicación del Decreto 1183 con el fin de que se les permita conseguir el mínimo vital de los tutelantes en diciembre en Bogotá.
- 3.Ordenar a la Secretaría de Gobierno la creación de mesas técnicas de trabajo con la población de vendedores populares, donde se logre concertar estas y otras problemáticas.
- 4.Ordenar a la Secretaría de Gobierno abstenerse de dictar resoluciones que afecten directamente a la población sin realizar previamente una concertación con el gremio.
Es clave resaltar que la situación económica de los vendedores informales durante la pandemia se ha visto gravemente afectada, también que a mayo del 2020, según el Instituto Para La Economía Social (Ipes), en la capital había treinta y nueve mil comerciantes informales y que en la actualidad según la misma institución hay casi ciento diez mil.
El Concejal de la Bancada Activista, Luis Carlos Leal, aseguró que “con esto se busca que como medida provisional se suspenda desde ya la Resolución 1183 hasta que la tutela sea resuelta y así se pueda garantizar con plena certeza los derechos de la ciudadanía capitalina que busca como salir adelante diariamente trabajando honradamente desde la informalidad a causa de las profundas desigualdades y falta de oportunidades existentes en Bogotá y en Colombia”.
A su vez Edmundo López, edil de Chapinero, sostiene que "se deben respetar los compromisos adquiridos en el pacto ciudadano suscrito por la alcaldesa y vendedores informales. La adopción de esta resolución constituye un incumplimiento del mismo, por no haberse adoptado en el marco de un proceso amplio de concertación con líderes y organizaciones de base del sector".
Los tutelantes resaltan que si dicha Resolución entra en vigor afectaría directamente al 35% de los vendedores informales que en las calles de Bogotá realizan ventas de comida para el consumo inmediato y alimentos de la canasta familiar, esto significa que más de treinta y ocho mil familias de la capital dependen de la economía informal relacionada con casetas, carretas y cilindros de gas.
