A pesar de esta irregularidad, las personas afectadas no son exoneradas de los intereses.
El Concejal Rolando González advirtió que la Secretaría de Movilidad realizó una indebida notificación de 200 mil comparendos electrónicos en el año 2018 y enero de 2019.
Los comparendos electrónicos impuestos a los ciudadanos por infracciones de tránsito debían ser notificados desde el 14 de julio de 2017, de acuerdo a lo plasmado en la Ley 1843, a la dirección que aparece en el RUNT, situación que solo se hizo efectiva hasta este año, a pesar de que la norma solo daba 180 días para actualizarse.
De acuerdo a una información solicitada por el Cabildante, se pudo establecer que la notificación de órdenes de comparendo a la dirección registrada en el RUNT, se empezó a hacer solo hasta el 19 de enero de 2019, conforme al contrato de prestación de servicios 2018-1915, celebrado entre ambas partes. Es decir, previo a esta fecha, los comparendos se notificaron de forma errónea a la dirección registrada por el propietario del vehículo en el Registro Distrital Automotor, perjudicando a miles de usuarios que se enteraron del comparendo, porque se acercaron a hacer algún trámite de su vehículo.
A pesar del error del procedimiento y que los ciudadanos presentaron su reclamación, el Distrito no está revocando las resoluciones donde se les impuso estas sanciones, impidiendo restablecer los términos de los mismos.
Para el cabildante es irregular que la Secretaría de Movilidad les reitere que deben hacer el pago con intereses, vulnerándoles el derecho a impugnar o al descuento por pronto pago que establece la norma. De las reclamaciones que hacen los ciudadanos, en el 86% de los casos no fueron restablecidos los términos. Solamente en aquellos casos donde el ciudadano cita la Ley en su reclamación, optan por reestablecerles los términos.
Lo peor de esta situación, es que muchos usuarios en la actualidad desconocen que tienen un comparendo electrónico. El Concejal le pidió a la Personería de Bogotá, investigar esta situación, en especial ahora que se plantea la instalación de cámaras para la detección electrónica de infracciones.