La Concejal María Victoria Vargas, en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo realizada el día de ayer, como citante principal, adelantó un examen crítico de control político frente a la rendición de cuentas presentada por el IDPYBA respecto de la gestión del año 2018. La entidad cuenta con cuatro proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS a través de los cuales desarrolla toda su misionalidad y algunas Metas Plan.
En cuanto al PROYECTO DE INVERSIÓN: Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el Distrito Capital, para la vigencia del plan, este proyecto tiene programados recursos por valor de $28 mil 203 millones, de los cuales con corte a 31 de diciembre de 2018 ha ejecutado un total de $16 mil 435 millones, lo que equivale a un avance financiero del 58%.
META 1: Atender 45.000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud.
El avance financiero de esta meta es del 55.6% pues de los $15 mil 137 millones programados se han ejecutado $8 mil 411 millones. En cuanto a las metas físicas de los 45.000 animales propuestos para atención se han atendido 21.869 es decir solo el 48% de la meta.
En la rendición de cuentas del IDPYBA del pasado 20 de febrero del año en curso, la Directora Clara Lucía Sandoval, mencionó cifras contradictorias que generaron los siguientes interrogantes ¿De dónde salen los 156 mil animales que deben ser atendidos? ¿Si desde la formulación del proyecto se fijó como meta solamente 45.000? ¿Cuál fue la línea base que se tomó para determinar esta cifra y no más ni menos? ¿Existe un censo de animales domésticos en la ciudad?
En cuanto al PROYECTO DE INVERSIÓN: Programa integral de esterilización canina y felina en el Distrito Capital, este programa de vital importancia para el bienestar animal tiene una programación plan de $24 mil 389 millones de los cuales se han ejecutado $6 mil 436 millones, lo cual significa una ejecución de tan solo el 26%.
Meta 1: Esterilizar 209.054 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3.
Esta es la meta más ambiciosa de este proyecto y a la cual se le han asignado los mayores recursos, $18 mil 555 millones, de esta cifra se han ejecutado financieramente tan solo $5 mil 378 millones es decir un 29%. La ejecución física de la meta es aún más crítica pues de los 209.054 caninos y felinos propuestos para esterilización tan solo reportan un avance de 53.668, el 25.7%
Para Vargas Silva, hay metas de los proyectos que no aportan claridad ni describen la manera como es resuelto el problema enunciado en el proyecto de inversión. No se cuenta con una línea base que permita medir adecuadamente los avances del proyecto ni su impacto en la sociedad, lo cual impide la realización de un control político efectivo.
En cuanto a lo referente a la participación ciudadana, allí se resaltó que a pesar de que en teoría ya se han constituido todos los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal-PYBA en la práctica estos son inoperantes.
Ahora bien, el IDPYBA al ser una entidad de reciente creación adolece de los desarrollos institucionales que otras entidades con mayor trayectoria histórica han logrado construir. Cuenta con una incipiente planta de personal de 31 empleados públicos, la gran mayoría sin experiencia específica, y gran cantidad de contratistas que desarrollan los objetivos misionales ante la carencia de personal de planta.
Del total de $39 mil 547 millones registrados en el SECOP el 61% ha sido por contratación directa, es decir, $24 mil 124 millones. Del total de 892 procesos 845 han sido por compra directa, y por licitación pública tan solo se adelantaron cuatro procesos, por un valor cercano a los tres mil millones.
Para la Cabildante, existe una gran desproporción entre el personal de planta y el personal contratado, POR CADA FUNCIONARIO DE PLANTA SE TIENE SEIS CONTRATISTAS. Dado que las tareas misionales de la entidad se realizan con personal contratado, se sugiere que se dote a la entidad de un mayor recurso humano cualificado y con experiencia. Lo cual solo se logra con la ampliación de la planta de personal.
Por otro lado, la actual sede del IDPYBA ubicada en la calle 116 # 70G - 82 es un edificio arrendado mediante un contrato de arrendamiento con la empresa FAMOC DEPANEL S.A. por valor cercano a los MIL DOSCIENTOS MILLONES.
Como se observa, para pagar el contrato de arrendamiento se utilizaron recursos tanto de funcionamiento como de inversión. Asunto que no es permitido por la ley y que por lo tanto se estaría configurando un presunto delito: PECULADO POR APROPIACIÓN OFICIAL DIFERENTE. El cual da de uno a tres años de cárcel.
Otro punto preocupante a destacar del Debate, es la existencia de al menos ocho contratos, no solo con Misión Carismática Internacional, sino con otros lugares que profesan la religión cristiana. Si bien, haberse empleado en alguna entidad que profese los valores cristianos no se constituye en una causal de inhabilidad, no es menos cierto que por cuestiones éticas, su nombramiento en el Instituto de Protección y Bienestar Animal resulta ir en contra del principio de neutralidad del Estado amparado en el artículo 19 constitucional.
Además, Vargas Silva advirtió, que existen rumores que al interior de la entidad se presenta discriminación frente a personas declaradas animalistas y aclara que no debe existir ningún tipo de segregación; por credo, política ni por cualquier otra forma.
Complementariamente, la Contraloría de Bogotá, en septiembre de 2018, publicó informe final de visita de Control Fiscal al IDPYBA, como consecuencia de un derecho de petición elevado por Liliana Velandia Montes, de la Veeduría Derecho Animal, por presuntas irregularidades en el manejo de la Unidad de Cuidado Animal-UCA, en ese entonces a cargo del contratista Arkambiental, sobre el tema de custodia y manutención, bajo el contrato de prestación de servicios No. 171 de 2017.
Para concluir, lo anterior puede entenderse como un presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, más aun, teniendo en cuenta que era bajo la Subdirección de Fauna en que se celebró tan cuestionado contrato, por lo cual la Concejal María Victoria Vargas le solicitó a la Personería Distrital hacer la respectiva investigación. Además, aunque la Contraloría ya hizo unos hallazgos, la Concejal solicita que se proceda a actuar de conformidad.