Las actuaciones de los servidores públicos deben regirse por la Ley y la Ética propias de la función pública, orientada por los principios de igualdad, moralidad, eficacia y transparencia, por tal motivo las actuaciones realizadas por el exconcejal Camacho Casado desatendieron estos principios transgrediendo el ordenamiento jurídico y afectando notablemente los recursos públicos de todos los bogotanos.
El patrimonio público es un derecho colectivo y Camacho Casado como concejal de la ciudad ejercía el control político a las entidades Distritales y tenia el deber legal de exigir su adecuado manejo y correcta inversión, por el contrario con la conducta inadecuada de apropiarse de estos recursos afectó el patrimonio de la ciudad en contravía de los postulados de atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.
Apoyo la decisión que adopten los jueces de la República, porque utilizo su cargo, posición social y política en provecho propio.
