En el marco del debate de oposición realizado en la plenaria del Concejo de Bogotá, la concejala Ana Teresa Bernal, de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, lanzó un fuerte cuestionamiento a la implementación del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, señalando que la ciudad enfrenta una grave crisis en materia de seguridad y una preocupante falta de avances en la política de paz.
Durante su intervención, la cabildante centró su análisis en el componente de paz del Plan de Desarrollo, planteando una reflexión de fondo sobre el modelo que actualmente orienta la acción del Distrito. “La propuesta es salirnos del lugar común que ha estigmatizado la discusión de la paz y analizar con rigor qué está haciendo esta administración”, afirmó.
Una ciudad sin seguridad y sin paz
Bernal advirtió que, pese a una leve reducción en algunos indicadores, la situación de seguridad en Bogotá sigue siendo crítica. En 2024 se registraron 1.244 homicidios y en 2025, 1.177; mientras que los casos de extorsión pasaron de 2.641 a 2.037. “Aunque hay una leve disminución, la realidad es que la situación es insostenible: nadie se siente seguro, ni en paz”, enfatizó.
Además, alertó sobre la transformación del conflicto armado en contextos urbanos, con la presencia de estructuras criminales vinculadas a economías ilegales. Según expuso, fenómenos como homicidios por ajustes de cuentas, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes y microtráfico evidencian la participación de redes locales y organizaciones con alcance regional, como facciones del Clan del Golfo y estructuras asociadas al Tren de Aragua.
La paz urbana: una deuda urgente
La concejala insistió en la necesidad de reconocer el conflicto urbano como categoría de análisis e intervención. “No hay paz sin paz urbana. Es urgente avanzar en políticas públicas que respondan a estas nuevas dinámidades del conflicto”, señaló.
En este contexto, recordó que la Defensoría del Pueblo ya había advertido en 2024 sobre la disputa de actores armados en al menos nueve localidades de Bogotá, lo que evidencia una reconfiguración del crimen más allá de dinámicas barriales.
Baja inversión y ejecución en paz
Uno de los puntos más críticos del debate fue la ejecución presupuestal. Según el Trazador Presupuestal de Paz, para el primer semestre de 2025 la administración distrital apropió $110.264 millones para acciones con impacto directo en paz, lo que representa apenas el 0,2% del presupuesto total de la ciudad ($38,4 billones).
De estos recursos, solo se comprometió el 57% y se ejecutó apenas el 19,5%. “Es prácticamente invisible el presupuesto que Bogotá está invirtiendo en materia de paz”, denunció Bernal.
La situación es aún más preocupante en las localidades: solo el 7% del presupuesto de paz corresponde al nivel local, y en el primer semestre de 2025 no se reportaron compromisos ni giros en estos recursos.
Desconexión entre el discurso y la realidad territorial
La cabildante también evidenció la falta de avances en territorios con altas necesidades, como Sumapaz, Kennedy y Bosa, donde no se reporta inversión en paz pese a la presencia de víctimas del conflicto y procesos de reincorporación.
A partir de testimonios de líderes sociales, se señalaron problemáticas como el abandono de vías, desfinanciación de proyectos y retrasos en infraestructura educativa, lo que evidencia una brecha entre lo planificado y lo que viven las comunidades.
Sin implementación real del Acuerdo de Paz
Aunque el Plan de Desarrollo incluye el programa “Bogotá, un territorio de paz y reconciliación”, Bernal cuestionó la falta de avances concretos, especialmente en la territorialización del Acuerdo Final de Paz de 2016 y en la socialización del informe de la Comisión de la Verdad.
“¿Realmente hay voluntad de que se conozca este informe en Bogotá?”, cuestionó, recordando que una iniciativa suya en este sentido fue rechazada por el Concejo.
El enfoque del Gobierno Nacional: la paz como derecho y como condición de bienestar
En el marco del debate, la concejala invitó a César Pinzón, asesor de la Oficina del Comisionado de Paz del Gobierno Nacional, quien presentó insumos clave para comprender cómo la ciudadanía percibe la paz y cuáles son los desafíos estructurales para su consolidación.
Pinzón expuso resultados de una encuesta nacional sobre capital social para la paz, que evidencian una comprensión amplia de este concepto por parte de la ciudadanía. Según los datos, la paz es entendida mayoritariamente como un derecho, lo que implica que su garantía no puede limitarse a la ausencia de violencia, sino que debe estar acompañada de condiciones materiales de vida digna.
En esa línea, uno de los hallazgos más contundentes es que el 74% de los colombianos considera necesario avanzar simultáneamente en la consolidación de la paz y en la garantía de necesidades básicas, lo que refuerza la idea de que no es posible construir paz en contextos de pobreza, desigualdad y exclusión.
El asesor también destacó una advertencia clave: “no hay paz con el estómago vacío”, subrayando que factores como el hambre, la falta de ingresos y la precariedad social afectan directamente las posibilidades de estabilización territorial. De hecho, el estudio revela que un porcentaje significativo de hogares en el país ha tenido dificultades para garantizar las tres comidas diarias, lo que evidencia la fragilidad de las condiciones de vida en amplios sectores.
Asimismo, se abordó la relación entre paz y entornos seguros, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Los datos muestran percepciones preocupantes sobre la seguridad en los territorios y la exposición a riesgos como la violencia y el reclutamiento por parte de actores armados, lo que refuerza la necesidad de políticas integrales de prevención.
Otro elemento relevante expuesto por Pinzón es el papel del tejido social en la construcción de paz. El estudio evidencia altos niveles de valoración del liderazgo comunitario, la mediación de conflictos y la participación ciudadana, especialmente el rol de las mujeres en procesos de convivencia y resolución pacífica de conflictos, lo que plantea la necesidad de fortalecer estos liderazgos desde la política pública
Conclusión: una política de paz desfinanciada y sin rumbo claro
La concejala concluyó que la política de paz en Bogotá presenta una profunda desconexión entre planeación, metas y ejecución, además de una baja jerarquía institucional y falta de articulación con el Gobierno Nacional.
“Compartimos los planteamientos iniciales del Plan de Desarrollo, pero lamentamos su baja materialización. Hoy Bogotá no tiene ni seguridad ni paz”, concluyó.
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