No al castigo físico

El pasado 20 de junio terminó la legislatura en el Congreso que empezó el 20 de julio de 2020 y fueron muchos los proyectos que fueron aprobados en este período. Quiero destacar el de la prohibición del uso de castigo físico a menores de edad, porque con la pandemia se han recrudecido los índices de violencia intrafamiliar en los hogares y ellos son en muchos casos, la población más afectada.

Algunos padres de familia en el proceso de crianza de sus hijos, con el pretexto de poner límites, usan esta práctica que puede generar daños físicos y sicológicos. En la pandemia muchos hogares han tenido dificultades económicas, los padres han perdido sus empleos y por el encierro se tienden a exacerbar las condiciones de violencia en los hogares. En el 2020 el ICBF inició 2.482 procesos de protección para niños, niñas y adolescentes por violencia física en su contra, lo que da en promedio 7 víctimas al día.

Los niños que son maltratados no son corregidos con ternura y respeto como debe ser, los padres deben poner límites, pero sin ejercer violencia física. Los chancletazos, correazos, palmadas, pellizcos, coscorrones y cualquier forma de maltrato físico no deben se permitidos nunca. Los proyectos de educación familiar deben considerar otras formas de criar a los niños, ya que la letra con sangre, como dice el dicho popular, es una manera no indicada de disciplinarlos y corregirlos. El hogar debe ser un entorno que garantice la protección del menor y promueva su desarrollo físico, emocional e intelectual.

Con respecto a este tema y como parte del compromiso de nuestros legisladores con la niñez, en marzo de 2021, se aprobó el Proyecto de Ley No.320 en el Senado y 179 en Cámara. Se trata de la ley 2089 que fue sancionada el pasado 14 de mayo de 2021, por medio de la cual “se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes, o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”.

Esta ley destaca que los padres o quienes ejercen la patria potestad sobre los niños y niñas tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo con sus creencias y valores, pero en ningún momento usar el castigo físico, malos tratos o cualquier tipo de violencia.

Según la ley se entiende por castigo físico, aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar. Se entiende por tratos crueles humillantes y degradantes, aquella acción con la que se hiere la dignidad del niño, niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, siempre que no constituya conducta

punible.

La Ley 2089 promueve el derecho al buen trato de los niños, niñas y adolescentes, a recibir orientación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. Este derecho comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional, en los contextos donde transcurre la vida de la niñez y la adolescencia: el hogar, centros educativos y comunitarios, espacios públicos o virtuales.

Para la implementación de la ley se hará una Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, en labor conjunta entre el Gobierno, el ICBF y los ministerios de Educación Nacional, Salud y Protección Social, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Interior, de Justicia y el Derecho, en los siguientes seis meses a partir de entrada en vigor de la ley.

Dicha estrategia promoverá la participación de los padres de familia para identificar e ilustrar alternativas y prácticas para educar, orientar y disciplinar sin violencia. Respetará los derechos de los padres, o quien ejerza la patria potestad de definir sobre la educación de sus hijos, para inculcar y escoger los valores, ideologías o creencias para sus hijos. También promoverá la inclusión de elementos en materia de salud mental, tratamiento psicológico y manejo psicoemocional; así como el respeto entre los niños, niñas y adolescentes, y sus familias o personas encargadas de su cuidado. Creará centros de formación y brindará cursos o herramientas a través de organizaciones sociales, escuelas de padres, dirigidos a quienes cuidan y educan a los menores de edad.

Considero que leyes como la 2089, nos permitirán avanzar hacia una sociedad que pueda ofrecer mecanismos para garantizar un entorno seguro a los niños, niñas y adolescentes basados en el respeto de su dignidad y sus derechos. Se requieren más iniciativas como ésta que puedan privilegiar a esta población vulnerable, que por décadas ha sido víctima de violencia física, la cual deja secuelas irreparables: baja autoestima, problemas sicológicos, alteraciones de personalidad, mal desempeño académico, ruptura de las relaciones familiares; y a la larga, es un camino directo hacia la desesperanza, la pobreza y la falta de desarrollo del país.

Pie de página Yefer Vega

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