El 20 de junio del 2020 la Red Comunitaria Trans denunció públicamente en sus redes sociales un nuevo caso de violencia policial hacia las trabajadoras sexuales trans de la localidad de Mártires en Bogotá; un mes después, la Administración Distrital y la Policía Nacional de Colombia siguen sin reportar avances significativos en el proceso de investigación y sanción por estos hechos.
Los hechos reportados, incluyen violencia verbal, simbólica y física por parte de la Policía Nacional, dejando tres mujeres heridas que no fueron atendidas oportunamente por los servicios de salud. Ante la denuncia, el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez afirmó que esta estaba siendo atendida por la alcaldesa local Tatiana Piñeros y la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Un mes ha pasado y las respuestas escasean, la violencia policial sigue vigente en la memoria y en los cuerpos de las mujeres trans del barrio Santa Fe. Tenemos claro que la Violencia Policial contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas es un problema estructural de discriminación y abuso del poder, no podemos aceptar y normalizar la violencia en ningún caso. La omisión e invisibilización son otro tipo de violencia asociada a la precaria garantía de los derechos de la ciudadanía diversa.
La violencia policial genera temor constante en la población Trans de Bogotá, lastimosamente, las mujeres trans trabajadoras sexuales son las más afectadas por violencias recurrentes como las agresiones físicas y verbales junto a tratos crueles y degradantes. Siguiendo los datos del documento Situación de derechos humanos de las personas LGBT en Colombia, 2010-2015 de la organización Colombia diversa, por lo menos 381 personas LGBT resultaron afectadas por hechos de violencia policial durante ese periodo, de ellas, 182 eran personas trans, principalmente en ejercicio del trabajo sexual.
Por ello, no sorprende que según los datos de la última línea base de la política pública LGBTI, las personas que perciben mayormente sus derechos vulnerados por cualquier razón son las mujeres transgénero, en un porcentaje de 92,90%. Lastimosamente sabemos que las instituciones policiales estigmatizan el ejercicio de la prostitución de las mujeres Trans al tratarlas como delincuentes bajo acusaciones prejuiciadas, llevándolas a confrontaciones donde la posición de poder de las autoridades las deja en situación de vulnerabilidad, teniendo que aguantar -como mínimo- el abuso verbal transfóbico. Esto es violencia por prejuicio, y representa una clara vulneración de derechos humanos, necesitamos menos derechos de papel y más autoridades dispuestas a defender, proteger y escuchar a la comunidad, la administración no puede mantenerse en silencio.
De otro lado, preocupa la efectividad de la Política Integral de Transparencia Policial (PITP) que misionalmente incluye acciones de respeto y garantía de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, lo que incluye labores de capacitación sobre los derechos humanos y el respeto por la diversidad sexual y de género, con fin de erradicar los estigmas y prejuicios de origen homofóbico y transfóbico por parte de los agentes que conforman la institución. Aun bajo la existencia de estos mecanismos de capacitación y seguimiento, la comunidad Trans expresa su completa desconfianza por las autoridades de policía, lo que señala un claro fracaso de estos.
A pesar de los avances por la garantía de los derechos de la población LGBTI en Bogotá, incluyendo el trabajo mancomunado de la dirección de diversidad sexual con la Secretaría de Integración social, la persistencia de la violencia policial nubla el panorama de confianza institucional. Que estos hechos nos sean investigados apropiadamente y que aun después de la denuncia se queden en la impunidad, son ejemplos claros de lo que la administración distrital debe confrontar y solucionar, solicitamos a la alcaldesa mayor, como máxima autoridad de policía del distrito, implementar cambios institucionales serio y eficientes que propendan por la transformación estructural de la Policía. Igualmente, requerimos a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación responder claramente por los hechos sucedidos el pasado 20 de junio, no más impunidad ¡las vidas TRANS importan!
ALIANZA VERDE
