Según el Banco Mundial, el 84,7 % de la población se encuentra ubicada en el 86,6 %, de zonas expuestas a peligros naturales, cifras que incrementan los riesgos por el uso inadecuado del suelo al ser urbanizados.
Para la Concejal, las resoluciones derogadas modificaban el mapa de riesgo de inundación de Bogotá, propiciando la urbanización y hablitando el uso del suelo en casi el 100% de áreas con alta amenaza de inundación; aumentando la vulnerabilidad de los bogotanos y afectando el patrimonio natural y económico de los residentes actuales y futuro de las localidades del occidente de la ciudad.
Con el fin de mantener el equilibrio que debe existir entre el Ordenamiento Territorial y el Ambiente, la concejal Name Ramírez, propuso que para el nuevo POT: se proteja y conserve los servicios ambientales actuales y futuros, se fijen condicionantes y/o restricciones para el uso u ocupación del suelo en las zonas con alto riesgo de inundación, se respeten los espacios del agua, entre otros, para garantizar que no aumente la población en riesgo.
Por último, la Concejal aseguró que es fundamental reconocer que los problemas ambientales, pueden transformarse en riesgos que pueden ocasionar la pérdida irreversible de los ecosistemas y generar afectación directa o indirecta en la salud y la vida de la población.
