Este viernes, la Plenaria del Concejo de Bogotá desarrolló el debate de la oposición como respuesta a dos proposiciones de las bancadas de Cambio Radical y el Centro Democrático para hacer control político a la gestión del Distrito frente al orden público, la protesta social, la pandemia y la reactivación económica.
Los concejales de Cambio Radical abrieron el debate con la participación del concejal Yéfer Vega, quien enfocó su intervención en las presuntas irregularidades en las que ha incurrido la gerente de la Subred Centro Oriente, Claudia Ardila. De acuerdo con el cabildante, esta funcionaria no ha invertido bien los recursos, pues en 2020 esa subred de salud apenas alcanzó el 12,63% de ejecución de su presupuesto. “En esa Subred no se pagan horas extras al personal administrativo, ni asistencial. No hay contrato de mantenimiento para los equipos biomédicos y no tienen hoja de vida completa o actualizada, ni cronograma de calibración o reparación de equipos”, aseguró el cabildante.
El concejal Julián López hizo énfasis en los efectos negativos del paro nacional tanto en la infraestructura como en la reactivación económica de la capital. “Durante el paro nacional, los desmanes y actos vandálicos han dejado daños materiales por más de 31 mil millones de pesos. El sistema de transporte masivo es el más afectado, ya que la reparación de las estaciones y buses tienen un costo de 20.359 millones de pesos”, aseguró.
El siguiente concejal de esa bancada en participar fue Rolando González. Para él, el paro nacional aceleró el ritmo de la pandemia. Según cifras consultadas por el concejal, a enero de 2021 hubo 480 mil casos confirmados de Covid-19 en Bogotá y 10 mil muertes; mientras que a junio de 2021 en la ciudad hay más de un millón de casos confirmados y 20 mil personas muertas. El cabildante añadió que durante el paro se han presentado 350 bloqueos en Transmilenio, lo que ha causado suspensiones en el servicio durante más de 2 mil horas.
Al cierre de las intervenciones de esa colectividad, participó la concejal y vicepresidenta del cabildo distrital, Carolina Arbeláez. Ella cuestionó el la gestión de esta Administración en términos de reactivación económica, de gestión del orden público, atención al Covid - 19 y manejo de residuos peligrosos en Bogotá. “Todas las medidas de esta Administración han sido improvisadas. Con la permisividad a la anarquía, la ciudad ha perdido mucho. A la fecha, 64 mil comercios han cerrado”, aseguró. La concejal también criticó lo que denominó “La Mermelada Verde”, ya que para ella es un desacierto que la Alcaldía de Bogotá haya creado el programa “Talento No Palanca” para contratar por mérito a los contratistas y funcionarios del Distrito, para darse cuenta que quienes son contratados terminan siendo amigos o compañeros de campaña de la Alcaldesa Claudia López.
El concejal Andrés Forero comenzó la proposición del Centro Democrático. Su intervención se centró en las presuntas irregularidades en las que ha incurrido el veedor Distrital, Guillermo Rivera. “La Alcaldesa, Claudia López, se atrevió a hacer lo que no hizo ningún otro alcalde: poner a un amigo suyo en la una entidad de control preventivo como la Veeduría Distrital”, dijo. El cabildante también presentó varios casos de contratistas de esa entidad que viven en departamentos como Putumayo y no tienen como domicilio Bogotá, ciudad donde deberían ejecutar el contrato según Forero.
La concejal Diana Diago por su lado se refirió a la crisis de inseguridad que hay en Bogotá. “Aquí hay que gobernar para todos. Esta Administración ha sido permisiva con la situación del orden público de Bogotá y la delincuencia. En 45 días de protestas ha habido 421 personas heridas y 1 muerta”, afirmó. Ella también dijo que los actos vandálicos violaban otros derechos de los ciudadanos como el de acceso a la salud, a circular libremente y al trabajo.
“Quiero saber qué medidas está tomando la Administración para frenar los daños que han dejado las movilizaciones”, preguntó el concejal Papo Amín. En términos de inseguridad, indagó sobre las acciones para reducir los hurtos repetitivos de artículos como celulares y bicicletas. “En Bogotá se roban 27 bicicletas al día. En la capital de la bici no se puede tener bicicleta”, añadió.
El concejal Óscar Ramírez se refirió a la reactivación económica de la ciudad. “No alcanzamos a reactivar la ciudad cuando ya nos tocó cerrar. El 53% de los comerciantes tuvo que suspender su trabajo por las protestas”, afirmó. El cabildante criticó las acciones de la Personería de Bogotá que, según él, no han garantizado los derechos de todos los ciudadanos durante las movilizaciones.
Al finalizar las intervenciones de las bancadas de oposición, varios funcionarios atendieron sus preguntas y presentaron un balance de la gestión de cada sector.
El secretario de Salud, Alejandro Gómez, se refirió a la atención del Covid en Bogotá y al plan de vacunación actual. “La ciudad no tiene un lugar más dónde poner Unidades de Cuidados Intensivos”, aseguró. Asimismo, expresó su compromiso por bajar la tasa de ocupación de UCI – Covid 19 que hoy supera el 97%.
El veedor distrital, Guillermo Rivera, respondió principalmente a los cuestionamientos del concejal Andrés Forero. El funcionario aseguró que no era un secreto que él hubiera hecho campaña por Claudia López, pero garantizó “que ninguno de los contratistas mencionados en el debate tiene alguna inhabilidad o tiene la obligación de estar en Bogotá para cumplir sus obligaciones contractuales, ya que con los contratistas no existe una relación laboral directa y la Veeduría les exige unas condiciones de conectividad”, explicó.
El Personero de Bogotá, Julián Pinilla, aseguró que el 85% de las movilizaciones donde ha estado la Personería han terminado de forma pacífica. “Hemos sido gestores de escenarios de paz para garantizar los derechos de quienes protestan y de quienes no”, puntualizó.
Hugo Acero, secretario de seguridad, presentó un panorama de la atención al orden público desde el inicio del paro nacional. “Entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021 hubo 379 uniformados lesionados y hasta el 4 de junio hubo 278 capturas”, dijo.
El secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, confirmó que esa entidad ha registrado las violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía hacia los manifestantes. “Tenemos que reconocer las fallas de los policías en los traslados por protección, pero debemos pedirles a los ciudadanos que no estigmaticen a todos los uniformados por las acciones de unos pocos. Debemos encaminarnos al diálogo”, señaló.
De manera conjunta, el secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán y el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, presentaron las medidas que ha tomado el sistema para prestar el servicio en medio de las movilizaciones y actos vandálicos. Entre estas acciones están el uso de validadores de pasaje externos y los ajustes a las frecuencias de los buses. “Tenemos un plan para despolitizar y reconciliar Bogotá”, dijo Estupiñán.
Por su parte, las secretarias de educación y Ambiente, Edna Bonilla y Carolina Urrutia, respondieron a preguntas específicas sobre la entrega de tabletas escolares para garantizar la conectividad de los estudiantes y la gestión de residuos peligrosos en Bogotá. Ambas dieron un balance positivo.
En medio de las conclusiones del debate, los concejales Carolina Arbeláez, Papo Amín, Andrés Forero y Diana Diago coincidieron en que la Administración los dejó con más dudas que respuestas. Todos solicitaron vía derecho de petición claridad sobre temas como los recursos propios destinados para compra de Unidades de Cuidado Intensivo, la disparidad de cifras Covid de la Secretaría de Salud y la Contraloría, la asignación contractual de la Secretaría de Movilidad y el plan de gestores de diálogo y convivencia de la Secretaría de Gobierno.
Instalan sesiones extraordinarias
Durante esta sesión, la Plenaria del Concejo también instaló las sesiones extraordinarias convocadas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Este periodo inicia este viernes y se extenderá hasta el próximo 31 de julio.
Concejo de Bogotá
