¿Plan de desarrollo de Bogotá o “plan de negocios” de Enrique Peñalosa?

Es importante contarle a los Bogotanos que muchos de los aspectos que el Alcalde Peñalosa incorporó en las propuestas de Plan de desarrollo, no fueron registradas en su Programa de gobierno, “coalición equipo por Bogotá-Cambio Radical: Recuperemos Bogotá”, señalar que la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB,   no fue contemplada en el programa de gobierno y a pesar de esto, la incluyó en la estructura del Plan de Desarrollo, como una de las fuentes de financiación de su supuesta “política social en Bogotá”; lo cual es contrario al artículo 3 de la ley 131 de 1994 y la ley 741 de 2002 reglamentarias del voto programático, establecido en Colombia en el artículo 259 de la constitución Política Nacional y causal de una posible revocatoria del mandato. El cuestionamiento fundamental es: ¿por qué sí la ETB desde hace 136 años ha sido uno de los activos más importantes de la ciudad y fuente de recursos cuantiosos, Peñalosa quiere venderla?

 

El sector económico de las telecomunicaciones, es el que ha presentado más dividendos en la última década a nivel mundial. En Colombia ha reportado un crecimiento, del  orden de 700% en usuarios de telefonía móvil con más de 57 millones de abonados, para finales de 2015 los suscriptores de internet eran casi 14 millones de conexiones, el proceso de modernización tecnológica y la inversión en fibra óptica que ha implementado la ETB en los últimos años, la convierten en un jugoso negocio, que está en la mira de las grandes multinacionales.[1]

¿Por qué no se debe vender la Empresa de telecomunicaciones de Bogotá?   

 

1)    La Empresa de telecomunicaciones de Bogotá, debe mantenerse como empresa mayoritariamente pública, porque la empresa de telecomunicaciones tiene la  oportunidad histórica de seguir creciendo y fortalecerse, con una buena gerencia. La inversión de 2.1 billones de pesos en tecnología de fibra óptica que hoy le permiten prestar servicios de alta calidad, con buenas estrategias de comercialización le permitirían seguir cautivando el nicho de potenciales usuarios de los servicios de telefonía móvil e internet de la capital de la Republica. 

 

2)    La Empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ha sido una fuente importantísima de recursos para la ciudad en las últimas décadas y  ha apalancado programas sociales de los Planes de desarrollo, por lo tanto debe seguir siendo una fuente de recursos sin necesidad de que la capital venda el activo más importante de los bogotanos.

 

3)     La ETB, en el último cuatrienio,  ha dejado utilidades  para la ciudad  por más de un billón  de pesos.

 

4)    Debe mantenerse como una entidad reguladora natural de tarifas y servicios en favor de la comunidad, para fomentar el desarrollo delas Tic en las comunidades menos favorecidas y evitar el oligopolio comunicacional.

 

Entre los aspectos jurídicos, que vician el trámite del proyecto, se encuentran los pasos previos que debió cumplir la Administración Distrital antes de la presentación del proyecto al Concejo de Bogotá: no se dio cumplimiento a los procedimientos y obligaciones , que fija la Ley 226 de 1995 “Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones”, no existió un programa de enajenación diseñado por la Administración con los requisitos técnicos establecidos, ni tampoco se remitió copia del mismo al a la Defensoría  del Pueblo, según lo establecen los Artículo, 6, 7 y 8 de la ley en mención. El plan de enajenación anual en forma global, con sus avalúos preliminares respectivos, no fue presentado para su conocimiento al Concejo Distrital durante los primeros 60 días del año; situación que evidencia el afán privatizador  de Enrique Peñalosa de vender la ETB, aún sin cumplir las disposiciones legales vigentes.[2]

 

En igual sentido, es necesario hacer una caracterización del Plan de desarrollo presentado por el Alcalde Peñalosa al cabildo distrital.  Una vez analizado los ejes, pilares y programas propuestos, así como las estrategias de financiación del mismo. Este es un Plan de Desarrollo, depredador del ambiente, privatizador, excluyente y refleja un total retroceso de la política social desarrollada en los últimos gobiernos de la ciudad. Igual  contempla la creación de cargas impositivas y contribuciones que afectarán de manera sustancial el bolsillo y la calidad de vida de los Bogotanos. Crea sistema de peajes urbanos en las vías de acceso a la ciudad y  en vías de circunvalación internas de alta velocidad; pago voluntario por libre circulación durante la restricción de pico y placa, en detrimento de la movilidad y el medio ambiente capitalino y regulación de estacionamiento fuera de vía. “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020, no observa, principios de consistencia, prioridad del gasto público social, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico y coherencia que determinan entre otros deben tener los planes de desarrollo, de acuerdo con artículo 3 de la ley 152 de 1994, mediante la cual se expide la Ley orgánica de Plan de  Desarrollo, como se expone a continuación.

 

El Plan carece del principio de consistencia, que dice: “con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo, estos deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector público y de la programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad”[3], al respecto el Plan Plurianual de gastos de la administración Peñalosa incluye recursos inciertos por valor de 27.7 billones representados en 13 billones provenientes de alianzas público privadas, nuevas fuentes de financiación 3.1 billones (nuevos tributos y contribuciones),6.5 billones, gestión de activos billones (venta de ETB y otros) cupo de endeudamiento 5.1 billones, aspectos que ponen en riesgo la ejecución de las metas que se proponen desarrollar en el próximo cuatrienio especialmente las  asociadas a la construcción de infraestructura social como Hospitales, colegios, jardines infantiles, parques queda dependiendo de recursos inciertos. Igualmente el principio de progresividad del gasto público social, no se cumple, debido a que tan solo un 46,8%  de los recursos serán destinados al componente social. No desarrolla programas y proyectos específicos y asigna presupuesto destinados a atender sectores importantes de la población como: personas en condición de discapacidad, adultos mayores, LGBTI, Víctimas, indígenas y Afrocolombianos, con el argumento que hay que superar la política “asistencialista” de los últimos gobiernos, dicha situación la evidenció el Consejo Territorial de Planeación en el concepto que por ley debe otorgar al proyecto de Plan, pero no fue referente en la propuesta radicada por el gobierno Distrital.

 

En igual sentido el principio de sustentabilidad ambiental, que dice: “Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”[4]. En detrimento de los Planes de desarrollo anteriores, este de la Administración actual, en el eje transversal “Sostenibilidad Ambiental” supuestamente, basado en eficiencia energética no tiene articulación con los objetivos de Desarrollo Sostenible ya que presenta múltiples contradicciones que afectan el cumplimiento del mismo. En este contexto, el componente ambiental representa un retroceso en los avances logrados en periodos anteriores. Se reduce la inversión y no hay claridad en las estrategias para la financiación de proyectos de este tipo, además, no es contundente en uno de los puntos básicos como la participación comunitaria, afectan considerablemente el patrimonio ecológico bogotano,  desconoce  la importancia de la Reserva Thomas van der Hammen, como elemento articulador de algunos componentes que forman parte de la Estructura Ecológica Principal. La construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, van en contravía de la sostenibilidad ambiental pues no se encamina a la protección de los ecosistemas terrestres, sino a su fragmentación e incremento de su vulnerabilidad, incidiendo negativamente en la meta de adaptación al cambio climático en la Capital de la República.

 

Se desconocen principios fundamentados en la implementación de modelos de consumo responsable y educación que disminuyan la huella ambiental que la ciudad está dejando a la región. En este sentido, “Bogotá Mejor para Todos” se enfoca particularmente en la huella de carbono, dejando de lado metas concretas para el reciclaje, reutilización de residuos sólidos domiciliarios y alternativas sostenibles al relleno sanitario Doña Juana, que vienen afectando negativamente a las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Adicionalmente, se exponen temas como el desarrollo de ecoturismo o turismo de naturaleza en los elementos que conforman el Sistema Distrital de Áreas Protegidas, sin tener en cuenta que en la actualidad no se ha logrado el retorno de sus atributos y la restitución de los bienes y servicios eco sistémicos que prestan a los ciudadanos. Para garantizar su sostenibilidad inicialmente es fundamental entender estos espacios desde los principios de la conservación y no necesariamente desde el turismo.

 

A propósito de los principios de desarrollo armónico y coherencia, el  plan registra muchas dificultades por cuanto los programas y proyectos en relación con muchas de las metas de resultado y las líneas base, no posibilitan el seguimiento, control y evaluación de las mismas y el impacto de los programas y proyectos en la realidad social, económica cultural y ambiental, sobre el que se realiza el ejercicio de la planeación de la ciudad en los próximos cuatro años. Otra de las características de la planeación es la Equidad, que debe contribuir a la generación de oportunidades a los diferentes sectores poblacionales que habitan el territorio. La distribución justa y equitativa de los recursos físicos y financieros y el acceso a los bienes y servicios en condiciones de igualdad para todas las personas[5], aspectos de los que adolece este Plan y que nos da el convencimiento que para el gobierno de Peñalosa lo único que le interesa son los negocios que puedan surgir como consecuencia de la construcción inmobiliaria y vial de la ciudad.

 

¿Por qué el Plan de desarrollo retrocede en política social?

 

En los últimos doce años, los gobiernos de la ciudad, han priorizado fundamentalmente  la política social en la capital, con la ejecución de políticas públicas y recursos económicos que  permitieron a Bogotá, mejorar sustancialmente sus indicadores sociales  y la reducción de la pobreza: “el índice de calidad de vida de los hogares con menores de edad, aumento entre el 2008 y el 2013 en 3.1% puntos porcentuales, la incidencia de la pobreza en la calidad de vida de los bogotanos en los últimos cinco años, vario con tendencia a la baja pasando del 13.1 en 2001 a 10.4 en 2015, el índice de pobreza multidimensional bajo 7.2 puntos porcentuales  en los últimos cinco años pasando  de 11.9% en 2011 a 4.7 en 2015, en donde el mayor peso del avance en este indicador lo representa educación 30.4 %, trabajo 30.2% y salud  20.2%”[6].

 

En la siguiente tabla, se relacionan los porcentajes de participación del gasto social, en cada uno de los planes de desarrollo 2004-2015, respecto del Plan de desarrollo de "Bogotá Mejor para Todos". No es cierto como se ha manifestado por diferentes medios

 

	Inversión Social
		Total PDD	% de Participación
	Bogotá sin indiferencia 2004-2007	21,9	60,0%
	Bogotá Positiva 2008-2011	30,6	65,0%
	Bogotá Humana 2012-2015	61,1	60,0%
	Bogotá mejor Para Todos  2016-2019	89,5	46,8%

 

 

 

 

 

 

de comunicación, que en este Plan está la mayor inversión social de la historia de la capital, como se puede observar, disminuyen solo el 46.8%  de los recursos van para la política social, mientras que en los gobiernos antecesores los porcentajes fueron  mayores.

 

Cabe señalar, que en un sector tan estratégico como el de la educación, el gobierno del Alcalde Peñalosa, tan solo pretende construir 30 nuevos colegios, de los cuales 15 serán entregados en administración a entidades privadas, modelo de concesión impuesto desde su primera administración, esto, si solo si se logran consolidar Alianzas Publico privadas y la venta de la E.T.B, sin tener en cuenta los avances cualitativos y cuantitativos que ha tenido la educación pública oficial  de la ciudad en la últimas décadas logros significativos y reconocidos por la comunidad nacional e internacional, sin tener que acudir la ciudad a la venta de sus activos. Muestra de ello es, “de 2004 - 2012, el gobierno de la ciudad construyó 70 nuevos megacolegios; mejoró de manera integral más del 60% de la infraestructura escolar, mediante el reforzamiento estructural y mejoramiento integral de alrededor de 180 sedes educativas y la ampliación de otras 100, incluida la reposición total de por lo menos 100 edificaciones que se encontraban en grave estado de deterioro. Este gigantesco esfuerzo le permitió a la ciudad pasar de 635 a 708 sedes educativas, duplicar el área escolar construida, al pasar de 984.523 m2 que tenía en el primer año indicado a 1´858.102 en el último; aumentar en más de 2.500 las aulas regulares; y duplicar el número de laboratorios, bibliotecas y de salas de informáticas y tecnología. Con enfoque de derechos,  se logró la materialización del derecho a la educación en todos sus componentes: disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia. Igualmente, Bogotá fue la primera entidad en establecer la gratuidad en todos los niveles educativos y para la totalidad de los alumnos matriculados en sus planteles educativos, incluidos los matriculados en los colegios distritales en concesión y colegios privados en convenio; desde el año 2009”[7].

Los resultados en las pruebas saber 11 a 2015, demuestran que  la brecha existente entre colegios públicos y privados, disminuyó 43,2 puntos porcentuales en 2008 a 11.1 en el 2014, y la propuesta de Peñalosa es avanzar solo 6.5 puntos porcentuales en el cuatrienio. La apuesta es demasiado pobre teniendo en cuenta los retos que tienen el país y la ciudad en alcanzar una educación de alta calidad y de excelencia. En sentido contrario, desaparece la implementación total del preescolar de tres grados, al igual que la Jornada Única, como estrategias fundamentales para disminuir la brecha de desigualdad existente. Por el contrario se le da más relevancia a las actividades extraescolares, que son actividades validas, que contribuyen a la utilización del tiempo libre de los estudiantes, pero que no están incorporadas en el currículo académico de los colegios. Se evidencia  ausencia de voluntad política para desarrollar plenamente los criterios que requiere la jornada única tales como: “Preparación de la reforma del PEI, los planes y programas de estudio de la institución para el establecimiento de la jornada única de ocho horas diarias. Adecuación de infraestructura física y de manera prioritaria del espacio requerido para el suministro de alimentación a los alumnos y profesores en condiciones dignas. Nombramiento de personal auxiliar. Capacitación del personal docente para el manejo de las exigencias pedagógicas y laborales de la jornada única, Fijación del nuevo régimen salarial de los maestros. La jornada de ocho horas debe corresponder un salario de ocho hora”[8].

 

En materia de Educación superior,  se propone la creación de 35.000 cupos, de los cuales 8.000, corresponden a la construcción de la nueva sede de la universidad Distrital en la ciudadela educativa de Bosa y la ampliación de la sede de Ciudad Bolívar, logros que son  de gobiernos anteriores .Por otro lado anunció la Secretaria de Educación que 15.000 cupos serán producto de un convenio con el SENA, lo que implica que el cumplimiento del 40 % de la meta, depende de las acciones que desarrolle el SENA en la capital de la Republica y que suman para las metas del gobierno Nacional y no al Distrital. Las estrategias y acciones establecidas en el Plan, son insuficientes para atender la problemáticas que aún subsisten en el sistema educativo distrital, tales como las carencias en los estudiantes en el aprendizaje de la lectura, escritura y oralidad; los problemas del clima escolar; la falta de oportunidades para el acceso a la educación superior, el aprendizaje de una segunda lengua, temáticas que no se ven reflejadas con la profundidad e importancia que  ameritan.

 

El diseño de los programas para el sector salud, no apuntan a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población Bogotana, por medio de un modelo que privilegie la atención primaria de manera humana y digna, en cuanto al aseguramiento en salud se propone una meta de 98.842 nuevos asegurados,  que es irrisoria, frente a las verdaderas necesidades de los sectores más vulnerables, se cambia el modelo de atención en salud obviando el fortalecimiento de la promoción, detección y la prevención de la enfermedad, no se incluyen enfoques diferenciales de atención  y no garantiza la atención universal en salud con énfasis en la equidad sanitaria. Por el contrario en materia presupuestal, el  Plan de desarrollo anterior para el sector salud obtuvo una participación del 11.6% del presupuesto de inversión mientras que la Bogotá Mejor para Todos, apropia el 8.9%,  presentando un debilitamiento de los hospitales públicos.

 

En materia de política laboral, lo que se incluye en el texto del articulado es un lánguido e incipiente artículo, que es simplemente un juramento a la bandera y no garantiza mecanismos y estrategias claras, que permitan avanzar hacia la formalización laboral de miles de trabajadores del Distrito vinculados en las plantas temporales y ordenes de prestación de servicio, que cumplen funciones que son de carácter permanente en las diferentes entidades, desacatando la sentencia de la corte constitucional No C614 de 2009  y la circular 008 del 2013 de la Procuraduría Nacional y que ponen en riesgo la estabilidad laboral de dichos funcionarios, masacre laboral que fue anunciada por la Administración Distrital por los diferentes medios de comunicación.

 

El Plan de desarrollo ha sido aprobado por una amplia mayoría de concejales proclives a todas las políticas neoliberales y privatizadoras impuestas por Peñalosa, pero con una oposición férrea y coherente de bancada del polo Democrático Alternativo,  quienes tenemos la convicción que el trámite y aprobación del acuerdo de este plan está viciado tanto en su procedimiento como en su contenido, principalmente en dos aspectos: primero el trámite previo  que se surtió ante el Consejo Territorial de Planeación en donde no incluyó la venta de la ETB y otros temas para la expedición del concepto  y segundo  en la aprobación de artículos que conceden facultades extraordinarias al Alcalde Peñalosa, en aspectos, que no fueron incluidos en su propuesta de campaña y que luego aparecieron en el Plan, que son de exclusiva  competencia  del concejo capitalino según lo determina los numerales 8 y 20 del artículo 12  Decreto ley 1421 de 1993,  Estatuto Orgánico de Bogotá   en temas  como: Reforma Administrativa, enajenación de activos  y estructura tributaria de la capital, asuntos que deberían haber sido discutidos por las comisiones de Hacienda y Gobierno de la corporación a través de la presentación de proyectos de acuerdo independientes.

 

Hoy nos corresponde seguir llamando a la ciudadanía en general a la protesta, porque a pesar que se autoriza de manera irregular su venta,  con 31 votos a favor  y 12 votos en contra, aún nos quedan mecanismos jurídicos y de movilización para seguir defendiendo la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá como patrimonio de los Bogotanos, nuestra lucha continúa.

 

Atentamente

 

CELIO NIEVES HERRERA