Por fin, se hizo justicia con los parqueaderos de El Campín: concejal Acosta

Como justa y acertada calificó el concejal Julio César Acosta la decisión del Consejo de Justicia, en la que se ratifica la restitución de los parqueaderos de El Campín al Distrito, después de casi un cuarto de siglo de calvario jurídico. “Hoy, sin duda, es un día de celebración, ya que por fin se hizo justicia con Bogotá, con los ciudadanos de bien que tributan sagradamente. El señor Bruno Felipe Acero llevaba muchos años haciéndonos conejo a todos y usufructuando un bien público, sin Dios ni ley”, dijo el concejal Acosta, quien había denunciado la semana pasada, las trabas de un proceso que debería haberse resuelto en menos de dos años, pero que ya llevaba 23.

En 1992, se había firmado un contrato con el empresario Miguel Moreno, pero en 1994 se declaró la caducidad del mismo por incumplimiento de una de las cláusulas. Desde ese momento, comenzó un camino de negligencias, dilaciones y trabas. Incluso, el contratista inicial le cedió, irregularmente, la tenencia de estos predios al señor Bruno Felipe Acero, quien venía “administrando” los bienes, y cobrándoles a los usuarios 12 mil pesos por partido, sin pagarle un peso al Distrito.

“Yo espero que en menos de dos semanas, los parqueaderos de El Campín vuelvan a estar en manos del IDRD, como debe ser, y que a partir de ahora se haga un buen uso de ellos. Estaré supervisando desde el Concejo, las decisiones que se tomen frente al caso”, dijo Acosta.

Hoy, de acuerdo con el secretario distrital de Gobierno, Miguel Uribe, se hará la notificación al empresario Bruno Felipe Acero, de la decisión del Consejo de Justicia, y se espera que en menos de 15 días, los parqueaderos del Estadio El Campín, que cuentan con una capacidad para albergar hasta 2500 carros, pasen nuevamente a manos del Distrito.

En los 23 años del proceso, la ciudad habría dejado de recibir más de 12 mil millones de pesos, que podrían haberse invertido en obras para los bogotanos. “Yo exijo que el señor Acero compense al Distrito por el tiempo en que estuvo lucrándose de un bien público y devuelva el dinero que recibió por concepto de estacionamiento en estos predios. Aquí la administración tiene la enorme responsabilidad de tomar acciones jurídicas adecuadas para que el dinero de un cuarto de siglo no se quede en los bolsillos de un particular”, concluyó Acosta.

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