La concejal de Bogotá, Tata Hernández, lanzó una grave alerta tras recibir información desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde presuntamente se estaría obligando a contratistas a participar en la marcha convocada para este jueves 19 de febrero.
Según la denuncia, no solo se les estaría exigiendo asistir, sino también llevar cinco personas adicionales cada uno, bajo la advertencia de que, de no cumplir con el cupo, podría verse afectada la continuidad de sus contratos con la entidad.
“La orden sería clara: o llenan el cupo o les quitan el contrato. Esto no es apoyo popular, es extorsión laboral. Los contratistas del Estado no son activistas políticos; su labor es técnica y administrativa. Condicionar su estabilidad laboral a la participación en actos políticos es gravísimo”, afirmó la concejal Hernández.
La cabildante advirtió que, de confirmarse estos hechos, se estaría utilizando la estructura del Estado y la estabilidad contractual de los trabajadores con fines políticos, lo que constituiría una grave vulneración de los principios de la función pública. En ese sentido, hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue de manera inmediata estos hechos y determine si hubo abuso de autoridad o presión indebida sobre los contratistas.
“No puede normalizarse el gasto desbordado, la presión sobre trabajadores ni la utilización de la estructura estatal en movilizaciones políticas para alimentar el ego político de este gobierno en plena época electoral”, concluyó.
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