La decisión fue tomada debido a que dichos decretos se expidieron sin tener en cuenta a la comunidad afectada y padecen de una variedad de vicios que hacen imposible su aplicación efectiva en la ciudad. Dentro de las justificaciones dadas por la Secretaría se establece lo siguiente:
“Que la Administración Distrital se encuentra en una situación coyuntural en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, las normas urbanísticas que se adopten deben corresponder con los principios orientadores para la revisión del mismo y los propósitos del Plan de Desarrollo, que se fundamenten en la revitalización urbana, lo cual trae consigo, que los procesos de intervención del territorio deban estar alineados con las expectativas de los moradores, el respeto por el tejido social existente y las actividades económicas que se desarrollan en él, tanto las pequeñas actividades de escala barrial, como aquellas que tienen un impacto mayor en la productividad de la ciudad, en aras de fortalecer la economía local y la calidad de vida de los ciudadanos.
Que la Administración Distrital encuentra las disposiciones plasmadas en el Decreto Distrital 671 de 2017, carentes de una reglamentación urbanística que condiciona su aplicación a un instrumento intermedio y contrarias a la visión de corto, mediano y largo plazo que se proyecta para la ciudad, de manera concordante con la proyección de las metas, planes y proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital, y por tanto encuentra inconveniente e inoportuna su aplicación en el territorio.”
Desde hace meses, la concejal María Fernanda Rojas, en compañía de la comunidad de los barrios San Martín, Patria y 11 de noviembre, se ha opuesto insistentemente al proyecto denominado Alameda Entre parques, dado que representaba un peligro inminente por la densidad de las obras que se realizarían y esto afectaría la calidad de vida de los residentes de la zona, además de que se trataba de un modelo de renovación urbana arrasador con los moradores originales.
El proyecto consistía en una supuesta alameda que se extendía desde la calle 80 hasta la calle 63F. Dicha alameda no cumplía con la función de conectividad que se le adjudicaba en el papel y a su alrededor se abría la posibilidad de construir edificios de 16 pisos de altura. La densidad que planteaba era excesiva e innecesaria, lo cual se demostró con las cifras de crecimiento poblacional y necesidad real de vivienda. En el proyecto, el área construida se multiplicaría por 3,3; pasaría de 1.621.343,70 m2 a 5.445.233 m2 metros cuadrados.
Con dicho proyecto se afectaría en total 12 barrios, entre ellos Los Alcázares, San Martín, Patria, La Aurora, Santa Sofía, Juan XXIII, 11 de noviembre, Santa Mónica y 7 de agosto. De igual manera se desplazaría a los habitantes originales de los barrios (buena parte de ellos de la tercera edad) para poder desarrollar los proyectos urbanísticos alrededor de la alameda.
Otro problema que caracterizaba a dicho proyecto es que, según los propios datos de los documentos que soportan Entreparques, se pronosticaba que vías como la Carrera 30 y la Carrera 50 tendrían problemas de capacidad para vehículos en el escenario proyectado de 20 años.
Además, dentro del área del proyecto la velocidad de circulación se hubiera reducido de 28,94 a 15,94 km/h y los vehículos hora pasarían de 3.934 a 17.647. Esto no puede evitarse ni siquiera con la ampliación de varias de las vías cercanas como la Calle 72 que pasaría a tres carriles por sentido.
Por lo perjudicial del proyecto y la manera agresiva como fue impuesto ante la comunidad se realizaron distintas manifestaciones en su contra. El 24 de julio de 2018 la concejal María Fernanda Rojas acompañó a la comunidad en un plantón en contra de los decretos 671 de 2017 y 746 de 2018.
A su vez, radicó demanda de nulidad el 24 de octubre de 2019 contra los decretos 671 de 2017 y 746 de 2018. La demanda se fundamentó en que dichos decretos jamás fueron socializados debido a que la comunidad nunca fue informada de forma amplia sobre los alcances de este proyecto. actualmente la demanda corre su curso normal en el juzgado.
Por último, la concejal Rojas celebra la decisión tomada por la Secretaría de Planeación de derogar los decretos 671 de 2017 y 746 de 2018 y de esta manera enterrar definitivamente el proyecto de Alameda Entreparques que tanto daño iba a causar a la comunidad.
