En el Día Internacional del Trabajador, acompañé al movimiento social e indígena quienes se movilizaron por las reformas del cambio y manifestaron su voz frente al respeto e implementación de la Consulta Previa en el Plan Nacional de Desarrollo que hoy se tramita en el Congreso de la República.
Con el objetivo de abrazar la agenda de paz, de respetar los derechos adquiridos y avanzar en la pedagogía de la memoria y las luchas históricas de la diversidad étnica en Colombia.
Organizaciones sindicales como la CUT, CGT, CCT, Fecode, entre otros más se manifestaron pacíficamente en el centro de la ciudad con un solo propósito: apoyar las reformas presentadas por el presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, durante la marcha, los 115 pueblos indígenas representados en la Mesa Permanentes de Concertación Indígena-MPC, alertaron la violación al derecho fundamental a la consulta previa e incumplimiento en los acuerdos pactados durante 6 meses de trabajo, articulado con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior.
La movilización y la Minga indígena en el orden nacional responde a las exigencias del movimiento para que se respete e implemente la Consulta Previa en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es importante precisar que la Consulta Previa es un derecho fundamental y que debe garantizarse en un trámite obligatorio, más aún cuando se pretende tomar decisiones que afectan directamente a las comunidades étnicas, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia T-382 de 2006.
Durante las movilizaciones, manifestamos la importancia de la no regresividad en los derechos de la diversidad étnica en Colombia, pues es preocupante que el Congreso de la República no reconozca los derechos inmersos en el bloque constitucional, esto incrementa el riesgo de exterminio físico y cultural de la diversidad étnica en los territorios.
Resaltamos algunos logros importantes que, hasta ahora, se han aprobado en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros acuerdos el Plan Plurianual de Inversiones, en el cual se incluye una proyección indicativa para los pueblos y comunidades indígenas, así como la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía alimentaria; y entre otros el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos -PNIS- que será cumplido de acuerdo con los objetivos fijados en el Acuerdo de Paz, de manera concertada y descentralizada, pero también se deben implementar en esos territorios modalidades alternativas de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola.
De igual forma, en las últimas semanas de discusión y debate del PND en el Congreso de la República, han retirado artículos claves que previamente fueron concertados en las diferentes organizaciones indígenas, entre ellos están los artículos 31, 160 y 290 los cuales hacen referencia al catastro indígena, la regulación de condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, y la habilitación de requisitos diferenciales en los procesos de licitación pública como medida de acción afirmativa para incentivar la participación de las comunidades étnicas -afros e indígenas.
El más reciente fue el 2 de mayo del 2023, donde el Senado de la República en un acalorado debate con los diferentes partidos políticos, retiraron el Artículo 8 el cual implementaba las recomendaciones del informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad.
Recordemos que este capítulo contiene nueve subcapítulos -divididos por ejes temáticos- sobre los que la Comisión consideró necesario hacer recomendaciones que exhortan a la sociedad civil, al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a otros sectores a superar el conflicto armado y a evitar su repetición.
Entre muchas otras propuestas está la creación de un Ministerio para la Paz y Reconciliación, la eliminación gradual de la obligatoriedad del servicio militar, y la separación de la Policía del Ministerio de Defensa.
Como vocera del movimiento indígena y social, invito al Congreso de la República de Colombia, a los coordinadores ponentes y ponentes en Senado y Cámara de Representantes a reconocer los Derechos de la diversidad étnica y respetar la movilización que legítimamente promueven los Pueblos indígenas para visibilizar y exigir garantías para sus agendas de Paz, Salud, educación propia y no violencia en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
La Minga y la movilización pacífica del movimiento indígena en Colombia, cristaliza el legítimo derecho a exigir garantías para concertar puntos claves del Plan de Desarrollo. En 200 años de vida republicana, el movimiento indígena ha estado en permanente riesgo de exterminio físico y cultural, el gobierno actual brinda las condiciones para que nuestras agendas sean incluidas y se avance en un proceso de sanar y reparar siglos de violencia. Es hora de hacer de Colombia, potencia mundial de la vida.
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