Recaudo Bogotá

Sin duda alguna el tema de la movilidad en Bogotá se ha convertido en un dolor de cabeza diario que afecta, sin distingo, a todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Desde octubre de 2014, he realizado diferentes debates de control político, referidos a la Política Pública de Movilidad ¿Al servicio de quién?, al tema de la sustitución y no integración de las tarjetas de pago, a los cibercolados, entre otros.

En estos debates se evidenció como denominador común de esta crisis el papel de la empresa RECAUDO BOGOTÁ, concesionaria del SIRCI –Sistema Integrado de Recaudo, Control de flota e Información al usuario.

Recordaran ustedes que este proceso licitatorio, desde sus inicios estuvo plagado de rumores y denuncias, al punto de ser catalogado como uno de los contratos del carrusel de la contratación y denominado por la Revista Semana, en su edición del 13 de abril de 2013, como el “Segundo Bogotazo”[1].

Desde entonces, RECAUDO BOGOTÁ ha saltado a la palestra pública por sus no transparentes maniobras gerenciales para modificar por el camino de la ejecución contractual sus obligaciones como, por ejemplo, la de integración del medio de pago y no la sustitución, como finalmente lo hizo a su conveniencia. También eludiendo sus responsabilidades pactadas de recaudo y control, como se señaló frente al tema de los colados y cibercolados, siempre con la anuencia o negligencia de la administración de turno.

Es de tal gravedad el tema, que la administración como los órganos de control (Personería, Contraloría y Fiscalía), por no haber actuado a tiempo, cuando de manera reiterada se prendieron las alarmas en este recinto, terminan con su inacción permitiendo que este contratista ponga en riesgo la operación de control del SITP.

Esta semana nos enteramos que RECAUDO BOGOTA fue admitida por la Superintendencia de Sociedades en un proceso de reorganización empresarial dado que según noticia de prensa “…Sus estados financieros revelan que tiene un pasivo que alcanza los $400.000 millones y que no tiene cómo saldar el 24 % de sus deudas…”[2]

Según las notas periodísticas “…Recaudo Bogotá afirma que su deuda es consecuencia del retraso en el desmonte del SITP Provisional, debido a los 1,5 millones de usuarios que no están aportando el valor de sus pasajes a las finanzas del sistema. No obstante, para la Superintendencia de Sociedades también influyeron otros aspectos como la no contratación de coberturas sobre el precio del dólar y los retrasos en la implementación del sistema integrado de recaudo, control e información al usuario…”[3]

Esto es la crónica de una muerte anunciada, que generará graves dificultades a la ciudad, pero también, es la crónica de una multimillonaria demanda en contra del Distrito por la negligencia y complicidad de los funcionarios responsables del proceso de adjudicación de la licitación, de los supervisores e interventores del contrato, de los gerentes de Transmilenio de turno y de los órganos de control, quienes teniendo el deber y los mecanismos legales para contener este riesgo no lo hicieron.

Lo advertí con la suficiente claridad y oportunidad, y hoy el tiempo se encarga de darme la razón. Qué no se diga que este Concejo no alertó de esta preocupante situación, pero como el viejo adagio “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”

María Victoria Vargas Silva

19 de abril de 2018.