Las protestas violentas que estallaron el 9 de septiembre son producto de la indignación generalizada de la ciudadanía por la violencia policial y el abuso de la autoridad, problema que en el país tiene profundas raíces estructurales, que no se pueden seguir concibiendo como “hechos aislados”.

Este no es un fenómeno nuevo: recordemos las protestas y violencia policial de noviembre del año pasado. Human Rights Watch reunió relatos y pruebas de abusos por parte de la policía e instó al presidente a enviar un mensaje claro de que esas violaciones no serían toleradas y las autoridades debían garantizar que los responsables rindan cuentas. Sin embargo, hoy se repiten los mismos hechos y con mayor gravedad, dado el aumento significativo en las cifras de muertos y heridos. No podemos entrar en una lógica dicotómica, excluyente y rígida que en términos teóricos y prácticos nos obliguen a asumir uno u otro extremo (a favor o en contra de la policía, a favor o en contra de la protesta).

En este contexto, se han agudizado las críticas y el inconformismo hacía la Policía Nacional por el exceso de fuerza en contra de manifestantes y ciudadanos, planteando la necesidad de adelantar una reforma estructural al interior de esta institución.

En el documento preliminar del informe “Bolillo, Dios y Patria” presentado por la ONG Temblores, se afirma que el nuevo Código Nacional de la Policía de Colombia que se implementó desde el 2017, que contiene las facultades de la institución, incluyendo sus limitaciones y alcances, se caracterizó por ser extremadamente permisivo respecto al poder que la institución policial podría ejercer sobre la ciudadanía. Para evidenciar esta situación, la ONG presento las siguientes cifras:

“En cuanto a los datos de violencia interpersonal, las cifras entregadas por Medicina Legal dan cuenta de 40.481 casos registrados entre los años 2017 y 2019 en Colombia, en donde el presunto agresor corresponde a miembros de las fuerzas armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia. Estos casos se encuentran distribuidos entre los siguientes años de la siguiente forma: en el 2017 hubo 13.347 casos, en el 2018 14.068 y en el 2019 13.066.”[1]

Según la información suministrada por Medicina Legal las tres principales fuerzas agresoras son la Policía, las Fuerzas Militares y el CTI. En este sentido la Policía sería la institución con el mayor número de agresiones a la población civil, con 39.613 casos (casi el 100% de los casos) entre 2017 y 2019 y con un promedio de 13.204 casos por año.[2]

Este escenario deja ver el preocupante aumento de los casos de violencia homicida. La ONG Temblores reportó que la violencia homicida ha aumentado considerablemente en el último trienio, especialmente en el 2018, el cual ha sido el pico más alto llegando a 238 casos. Durante estos años, los principales actores de este tipo de violencia han sido integrantes de las fuerzas militares y la fuerza policial. Por un lado, la Policía ha sido responsable de 289 homicidios, es decir, un 45.2% de los casos. Mientras que las Fuerzas militares fueron responsables de los 328 casos restantes, es decir, el 54.8% de los casos.

Según el análisis realizado por la ONG, en este aspecto es importante tener en cuenta que la Policía es una institución encargada del orden social que, según los mismos funcionarios, no está entrenada para “dar de baja” a ningún ciudadano, a diferencia de las Fuerzas militares, institución que sí es entrenada para responder y “dar de baja” a quien sea necesario. Por este motivo, es preocupante que la diferencia entre homicidios por parte de la Policía y del Ejército sea tan poca.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación informó que, durante los años 2016, 2017, 2018, y en lo transcurrido del 2020 en Colombia se presentaron los siguientes casos de extralimitación del uso de la fuerza o abuso policial:

-Se hallaron 3.461 implicados en 346 procesos disciplinarios.

-3272 quejas recibidas durante los cuatro años.

-Por departamento, Bogotá se encuentra en el segundo lugar con 132 casos reportados, antecedido por de Antioquia, en donde se reportaron 271 casos.

-Finalmente, y lo que más despierta nuestra preocupación, se reporta que de todos estos casos tan solo se han impuesto 7 sanciones, de las cuales, 5 corresponden a la Policía Metropolitana de Bogotá, cifra que resulta irrisoria frente a la cantidad de casos presentados.

Por etapa procesal, es posible definir que los casos investigados por abuso de autoridad han tenido un aumento de casi el 100%, pasando de 501 procesos en el 2016 a 978 casos presentados en el 2019. Con corte al 15 de septiembre el año en curso, se han abierto 371 procesos.[3]

Por otro lado, la Personería de Bogotá reportó que desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2020 se tienen registrados 1033 casos de presuntos abusos de autoridad por parte de la Policía.

Asimismo, el ente de control informó que La mayoría de los CAI vandalizados coinciden con los barrios advertidos en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, estas son, ALERTA 022/20, en el Verbenal, ALERTA 046/19 y ALERTA 086/18 en San Cristóbal, y la ALERTA 023/19 en Fontibón.

En cuanto a los tipos de denuncias presentadas en lo corrido del 2020 en el Distrito, la Secretaría de Gobierno señaló que el primer lugar lo ocupa la ‘Violencia física, verbal y procedimiento arbitrario’, con 118 casos, representando el 86% del total; seguido por el ‘Abuso psicológico’, con 11 casos (8%) y por la ‘Amenaza’ reportando 6 casos (4%), entre otros. [4]

Necesidad de una reforma

Frente a la necesidad de la reforma institucional que requiere la Policía Nacional, la mayoría de los expertos coinciden en que se debe reforzar la formación en derechos humanos de los agentes, formación bajo la cual se deben establecer los parámetros y protocolos de actuación en todos los procedimientos que se adelanten por parte de los integrantes de la fuerza pública.

Uno de los aspectos más importantes y complejos que requieren reforma, tiene que ver con la evasión de la responsabilidad de los integrantes de la fuerza pública por la violación a los derechos humanos. Con anterioridad, demostramos que se presenta un alto grado de impunidad en la fuerza pública, lo cual conlleva a la permisividad de los hechos de violencia que se han presentado en las protestas de los últimos meses.

Resulta muy preocupante que el procurador delegado para la Fuerza Pública y la policía Judicial, Hernán Rincón tenga que solicitar la mediación del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que la Policía entregue los reportes de los uniformados que hayan rendido la explicación por los disparos que hicieron en medio de las protestas del 9 y 10 de septiembre. Señala el procurador que el ministerio Público ha realizado dos requerimientos y la Policía se ha rehusado a entregar la información requerida, lo cual es un acto reprochable. 

Rodrigo Uprimny sugiere que desde la ciudadanía debemos exigir no solo justicia, sino también asunción de las necesarias responsabilidades políticas por estas muertes. Asimismo, plantea la necesidad de reconstruir la relación entre las comunidades y la policía y no distanciarla generando odio. Y eso se logra con la voluntad política de restaurar la ley, el orden, garantizar justicia para las víctimas y que estos hechos no se repitan.

Finalmente, para adelantar cualquier tipo de reforma al interior de la fuerza pública, se debe partir del hecho de que el abuso de autoridad policial es un problema estructural, histórico, que ha crecido por la falta de investigación y sanción oportuna.

Un punto de partida oportuno para dar inicio a la reforma que se requiere, sería realizar un estudio detallado de cuántos policías se encuentran actualmente ejerciendo con investigaciones y/ o denuncias por casos de abuso de poder, corrupción, violaciones y otros delitos.

Si bien, actualmente las propuestas de una reforma institucional se centran en cambios preventivos y en la regulación del uso de la fuerza, especialmente, en cuando tiene que ver con el uso de armas no letales, es necesario ahondar con urgencia en las reformas de carácter constitucional y legal para garantizar a perpetuidad que no se repitan casos de abuso de autoridad por parte de las autoridades policiales, y que en el caso que se presenten, no queden impunes.

Como última reflexión, preocupa que no se esclarezcan los hechos con prontitud. La tarea del gobierno debe ser investigar a fondo y oportunamente a los responsables que deben comparecer ante la justicia. En virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos, los presuntos abusos cometidos por agentes de seguridad tienen que ser investigados por el sistema de justicia civil[5]. Concuerdo en que la Policía debe ser un organismo civil que debe responder ante la ciudadanía y la justicia ordinaria[6].

Concejal de Bogotá