Con este índice se midieron 34 entidades a través de tres factores: Institucionalidad, Visibilidad y Control y sanción. El máximo puntaje que se puede lograr es de 100. Un resultado por debajo de 44,4 indica un riesgo muy alto de corrupción. Si supera los 89,5 el riesgo es bajo. Ninguna entidad superó esa última calificación. A las que mejor les fue están en una categoría de riesgo moderado (entre 74,5 y 89,4 puntos).
Se obtuvo un ranking de entidades que encabezó la Secretaría de Gobierno (sin incluir las localidades) que logró una calificación de 82,5. Le sigue la Secretaría de Educación con 80,5 puntos. Por otro lado, las calificaciones más bajas estuvieron en el Departamento Administrativo del Servicio Civil con 54 puntos, la Unidad de Servicios Públicos con un puntaje de 55,9, la Secretaría de Desarrollo Económico que obtuvo 57,8 puntos, el Jardín Botánico que registró 59,7 puntos y el Concejo de Bogotá, 59,9.
Aunque no se publicó en la mayoría de medios, es preocupante que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital sea la entidad que obtuvo menor calificación ya que es la responsable de orientar y proponer políticas y acciones para el fortalecimiento de la gestión integral del talento humano de la Administración Distrital. ¿Qué medidas tomará el alcalde Peñalosa para disminuir los riesgos de corrupción de esta entidad?
A pesar del avance que implica la elaboración de este índice hay temas por revisar. Hay otras estadísticas relacionadas con transparencia que muestran un regular desempeño de las entidades que en el Índice de Transparencia tienen una calificación relativamente alta. Es el caso de la Secretaría de Integración que obtuvo 78,4 puntos en el índice, es decir, registró un riesgo moderado de corrupción. Sin embargo, tiene 7 investigaciones dentro de las estadísticas que sobre el tema maneja la propia Veeduría (un número alto respecto a otras entidades).
Además, como es de público conocimiento, a funcionarios de esta secretaría les imputarán cargos por constreñimiento y corrupción al sufragante por presionar a profesores para que votaran por determinados candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes.
Con respecto a la evaluación realizada al Concejo hay algunas observaciones que vale la pena resaltar. Por ejemplo, se le da una mala calificación por no publicar en su página web el plan de desarrollo vigente en la ciudad. Este puede ser un criterio relevante para entidades como las secretarías, pues el plan es su hoja de ruta. No es necesariamente el caso del Cabildo, cuyo objeto está encaminado a hacer control político y a cumplir una función normativa. El Plan de Desarrollo es uno de los temas a los que se le hace seguimiento, pero no marca la agenda de la corporación.
Existe una muy mala puntuación para el Concejo en el ítem “Publicación en sitio web de foros de discusión de temas de interés o salas de discusión”. Este es un criterio adecuado en general, pero no llega a contemplar otras herramientas de difusión de información que se usan en la corporación, por ejemplo, la transmisión en vivo que se hace de las sesiones que se desarrollan en el Cabildo.
Estas observaciones llevan a unas primeras conclusiones sobre el Índice de Transparencia. La primera, se tiene el riesgo de calificar entidades diferentes, con funciones diversas, con una misma batería de indicadores. La segunda, la medición está basada en la existencia de documentos o publicaciones en la web. Sin embargo, puede haber un trecho entre esa expresión formal de obligaciones o procedimientos y la práctica real de las instituciones. El caso citado de la Secretaría de Integración es un buen ejemplo.
Hay conocimiento previo que puede ayudar a hacer más consistente el índice. La Cepal, por ejemplo, ha hecho recomendaciones al respecto. Plantea que no sólo debe revisarse la existencia de documentos sino el nivel de conocimiento de las reglas y los controles por parte de los funcionarios. En Costa Rica medir la efectividad de la participación ciudadana dentro de su índice de transparencia es fundamental.
Esta herramienta en España está dividida en dos. Una parte aplicada a las diputaciones (cuerpos colegiados como el Congreso o el Concejo) y otra que se refiere sólo a los Ayuntamientos o Alcaldías. Cada uno tiene unos indicadores distintos que se adaptan a las funciones de las entidades. Es en general muy exigente en la publicación de información. Por ejemplo, los datos contractuales que deben estar disponibles para el público son muy detallados, las sesiones de las juntas de gobierno deben ser grabadas y publicadas, la agenda de los diputados debe ser de público conocimiento.
El índice elaborado para Bogotá es una herramienta valiosa, pero debe fortalecerse y enriquecerse con ejercicios y experiencias internacionales como los citados aquí para tener la credibilidad y el impacto deseados.
Contacto: Marcelo Riccardi
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