Pocos han sido los gobiernos que presten atención a la ruralidad bogotana. El campesinado ha sido históricamente invisibilizado no solo en Colombia sino también en la ciudad de Bogotá. Por ello, la obligación de este cabildo distrital es reivindicar su territorio y trabajar para garantizar y mejorar su calidad de vida. Y es que son pocos los ciudadanos y gobiernos que tienen presente que el 76% del territorio de Bogotá es rural y que a su vez se divide en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, Suba y Sumapaz; son 15.220 las personas que habitan en este territorio según el Censo Poblacional del DANE en 2018.
En ese sentido, la ruralidad nos impone varios desafíos, como: cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, mejorar la cobertura en servicios públicos, potenciar los cultivos familiares, potenciar el turismo de una manera responsable y concertada con la comunidad, proteger los páramos, controlar la explotación minera, preservar la historia e identidad, entre otros. El Plan Distrital de Desarrollo será pieza fundamental en este propósito.
En todo esto, no podemos pasar por alto que lo relativo a la ruralidad en la ciudad de Bogotá tiene una estrecha relación con el conflicto armado interno. Esta labor que hoy comienza en el Concejo de Bogotá, pretende, también, llevar la paz a los territorios golpeados por el conflicto y eliminar las barreras al disfrute de los derechos y garantías que por esta razón se han restringido a muchos campesinos en Bogotá.
Ahora, con la firma del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Farc-EP, la necesidad de avanzar colegiadamente en la protección del páramo más grande del mundo y nuestra principal fuente de agua potable, bajo el entendido adicional que ya la ONU reconoce el agua como un derecho fundamental individual (Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010- Asamblea General de las Naciones Unidas), requiere la adopción de estrategias de gobernanza y gobernabilidad como las previstas en la Región Administrativa y de Planeación Especial- RAPE (Ley 1454 de 2011).
El avance en la idea de Bogotá-Región y en las buenas relaciones entre la Alcaldía de Bogotá y las gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, permiten agendar de forma prioritaria problemas comunes y apuestas de sostenibilidad, competitividad, seguridad e interconexión requeridos para mejorar la vida cotidiana de todos los habitantes de esta importante región del centro del país.
Por tal razón, los concejales de Bogotá D.C. que conformamos esta Bancada debemos unir nuestras voluntades políticas y el liderazgo para la generación de compromisos en favor de reconocer, empoderar y acompañar el ejercicio de la CIUDADANÍA RURAL CAMPESINA en el Distrito Capital, así como la participación ciudadana con incidencia orientada a la definición de acciones en clave de alcanzar sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, interconexión vial y competitividad, más allá de la Bogotá urbana.
ALIANZA VERDE
