El Concejo de Bogotá discutió el contrato vigente con la empresa brasileña M1 Transportes Sustentáveis LTDA., adjudicado para la administración del sistema de bicicletas compartidas en la ciudad. La concejala Rocío Dussán expuso varios puntos críticos sobre el contrato 2022-63, con una vigencia de 95 meses, el cual comenzó a ejecutarse en febrero de 2022 y finalizará en enero de 2030. Se destacó que el modelo implementado tiene un costo de más de 10.000 millones de pesos para la ciudad.
Falta de mantenimiento
Se señaló que el concesionario no ha cumplido con sus obligaciones contractuales de mantenimiento de las bicicletas y las estaciones de anclaje. La cabildante exigió respuestas a la Secretaría de Movilidad, encargada de supervisar este aspecto.
Segregación y accesibilidad limitada
Otro punto controversial es que la mayoría de las estaciones están ubicadas en el centro y norte de la ciudad, excluyendo a los sectores vulnerables del sur y occidente. Además, el acceso al servicio está limitado a usuarios con tarjeta de crédito o mediante datos de telefonía celular, lo que profundiza la segregación. Igualmente, el sistema de bicicletas compartidas aún no se ha integrado al sistema de transporte público, que debería funcionar con una sola tarjeta.
Costos excesivos para los usuarios
Las tarifas actuales del sistema resultan costosas para estudiantes y trabajadores de bajos ingresos. La concejala sugirió revisar el modelo tarifario para hacerlo más inclusivo.
- Planes desde $10.000 hasta $ 230.000.
- Valor por cada retirada de bicicleta del puerto de anclaje, $1.300 cuando es mecánica y $2.000 cuando es eléctrica.
- Cuando se excede el tiempo por el que se pagó inicialmente, se cobran $150 pesos por minuto en bicicleta mecánica y $300 en bicicleta eléctrica.
Finalmente, Dussán concluyó su intervención resaltando la importancia de replantear el sistema de bicicletas compartidas, sugiriendo un enfoque más inclusivo y sostenible que aborde los graves problemas de movilidad en la ciudad, especialmente en las localidades más afectadas. Instó a la administración distrital a exigir el cumplimiento del contrato y a evaluar modelos más justos que no segreguen a la población.
