En el marco del debate de control político, la concejal del Polo Democrático Alternativo, Rocío Dussán, cuestionó la estrategia de “recuperación” del barrio San Bernardo, señalando que no constituye un verdadero modelo de seguridad, sino una política de “limpieza territorial disfrazada” que vulnera los derechos de los sectores más pobres de la ciudad.
“No hay seguridad verdadera donde se arrasa al barrio, pero no al crimen; donde se expulsa a la pobreza, pero no a las mafias; donde se demuelen casas, pero no se construyen derechos”, expresó Dussán, al criticar el enfoque represivo de la administración distrital, que interviene el territorio sin contemplar soluciones estructurales ni garantizar los derechos de las poblaciones que allí habitan.
San Bernardo, ubicado en el centro de la capital, alberga a cerca de 1.789 personas en condiciones de alta vulnerabilidad, de las cuales el 51% son mujeres. De acuerdo con el Plan Parcial de Renovación Urbana, el 53 % de los hogares viven con menos de $500.000 mensuales, más del 60 % de las viviendas son arrendadas en modelo pagadiarios informales y el 23 % de la población presenta alguna discapacidad. El barrio carece de infraestructura social básica como colegios, centros comunitarios y espacios públicos adecuados.
Para la concejal, esta intervención repite el patrón aplicado anteriormente en sectores como El Cartucho y el Bronx: demolición, presencia policial y valorización inmobiliaria, sin abordar las causas estructurales de la pobreza. “En lugar de escuelas o centros culturales, se responde con retroexcavadoras y operativos”, advirtió.
Uno de los puntos más graves señalados en el debate es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de redes criminales que operan en la zona. Según denuncias recogidas en el territorio, los menores estarían siendo utilizados como campaneros, distribuidores de droga o víctimas de explotación sexual. Ante esta situación, exigió una caracterización poblacional urgente y la implementación de rutas de atención integral en salud mental, educación, empleabilidad y acompañamiento psicosocial.
Finalmente, la concejal exigió al gobierno distrital: la suspensión temporal de desalojos hasta contar con un plan de acción con enfoque de derechos; un censo público y actualizado con participación de organizaciones sociales; la garantía de alternativas reales de integración social; la acción permanente de la Secretaría de la Mujer; un modelo de urbanismo social centrado en el mejoramiento de vivienda y la permanencia de los habitantes históricos; el acceso a salud y seguridad alimentaria; y el fortalecimiento de la estrategia de Entornos Escolares Inspiradores con acciones interinstitucionales sostenidas que protejan a la infancia y la comunidad educativa del sector.
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